Policía y Guardia Civil celebran esta semana su día grande con la vista puesta en la posible salida de una crisis que ha mermado sus recursos y envejecido sus plantillas, algo aliviadas ahora con una oferta de empleo público más generosa que en los últimos años y un ligero incremento de sus presupuestos.

Murcia, los azules, y Málaga, los verdes, han sido las ciudades elegidas para celebrar los respectivos patrones en este final de legislatura, durante la que Guardia Civil y Policía logra mantenerse a la cabeza de las instituciones más valoradas por los ciudadanos.

Una legislatura en la que han tenido que hacer "más con menos", según sus máximos responsables, Arsenio Fernández de Mesa e Ignacio Cosidó, al frente el primero de 84.172 guardias civiles y de 66.855 policías el segundo.

Ambos valoran la "eficacia" de los dos cuerpos en la lucha contra la criminalidad pese a la grave crisis, que ha afectado a las retribuciones de los agentes, a los medios y a la plantilla. La oposición y los sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos cifran en 19.000 agentes el déficit de las plantillas. Con alivio se ha acogido el anuncio de Interior de aumentar en 2016 la oferta y lograr que la tasa de reposición sea del 100 por ciento, aunque no podrá paliarse aún el déficit.

Los dos cuerpos cierran la legislatura con una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que aplicar y que ha sido bien acogida, pero con sendas leyes de Personal recién estrenadas que no han gustado a las organizaciones mayoritarias, SUP y AUGC, insatisfechas además con la gestión de Interior en estos 4 años, que califican de "nefasta".

En el terreno operativo los resultados son positivos y demuestran que "vamos por el buen camino", asegura Cosidó, que pone como ejemplo la reducción en 2014 en un 17 por ciento de los homicidios y asesinatos en la demarcación de la Policía, los éxitos en la lucha contra el terrorismo yihadista (42 detenidos en 2015) o las 125 operaciones contra la trata de mujeres (125 operaciones entre enero y agosto).

Mientras, en la demarcación de la Guardia Civil la criminalidad ha bajado un 4,2 por ciento en el primer semestre, recuerda Fernández de Mesa, quien considera que el instituto armado ha cumplido los objetivos de incrementar la eficacia policial y reducir la delincuencia.

Los sucesivos golpes a ETA, con la desarticulación reciente de su cúpula, o la reducción de hasta casi un 20 por ciento de los robos en el campo con los equipos ROCA, se suman a los resultados operativos de la Guardia Civil que, según su director, logró tener una "importante proyección internacional".

Cosidó destaca la dotación de chalecos antibala a todos los agentes de Seguridad Ciudadana, y avanza que en 2016 se podrán adquirir otros 5.000 y guantes anticorte para otras unidades especializadas, así como convocar unas 2.000 plazas de empleo público. Fernández de Mesa, que deja claro que los "auténticos artífices" de la buena puntuación que les otorgan los españoles son los guardias civiles, resalta la mejora de las condiciones de vida de los agentes con iniciativas como la Ley de Personal o la orden general de jornada y horarios, que a su juicio favorecen considerablemente la conciliación de la vida laboral y familiar. No opina así Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quien acusa al Gobierno de querer "perpetuar" a los agentes como "policías baratos, sin derechos y obedientes". Moya reprocha a Interior que haya remilitarizado a la Guardia Civil y recortado derechos a los agentes, como el de reunión, manifestación o libre expresión. Su asociación ha convocado para el 14 de noviembre una "marea de tricornios". Mónica Gracia, secretaria general del mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), censura la oportunidad que se ha perdido con la nueva Ley de Personal de actualizar los derechos de los agentes, y echa en falta un modelo policial que supere el actual, "caduco y obsoleto". Gracia acusa a la Dirección de "oscurantismo" y "falta de transparencia" en los procesos de promoción y ascenso.

UFP critica los "olvidos" en las distinciones

El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) manifestó ayer su profundo desacuerdo con el criterio utilizado en el reparto de las medallas y el ingreso en la Orden al Mérito Policial por parte del responsable de tal labor en la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En la jornada de hoy, se repartirán en la capital tinerfeña 37 cruces con distintivo blanco y dos con distintivo rojo; estas últimas a un agente por arriesgar su vida en una intervención con motivo de las riadas y a un responsable de la X UIP por su historial profesional. Pero el sindicato UFP señala que solicitó el ingreso en la orden al mérito policial a todos los agentes que intervinieron el 19 de octubre en las riadas de Santa Cruz, "con motivo de una meritoria actuación llevada a cabo por el Subgrupo IV del Grupo de Atención Ciudadana", que hizo multitud de servicios humanitarios de gran calado, más dos agentes que se incorporaron voluntariamente al trabajo por la gravedad de la situación, así como a integrantes de la UPR y de la UIP. El sindicato señala que solo dos de ellos han sido condecorados. La UFP dice que pidió la medalla con distintivo rojo para un agente que arriesgó su vida y se lesionó al salvar a una bañista que estaba a punto de ahogarse en la escollera de San Andrés, pero que tampoco se le distinguirá hoy, a pesar de que en Extremadura se ha reconocido a un policía por un servicio similar. La Unión Federal de Policía también pidió, sin éxito, reconocer a un agente que accedió a una casa incendiada para hacer un rescate y finalmente tuvo que ser sacado por policías locales en Candelaria. Lamenta que tampoco se haya reconocido el trabajo de un policía que ejerció de escolta del embajador español en Irak, a pesar de arriesgar su integridad física coincidiendo con una oleada de atentados. Por eso, la UFP no estará en el acto de hoy en el teatro Guimerá.