La Generalitat Valenciana recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de la ley autonómica que prevé la atención sanitaria para inmigrantes en situación irregular, que fue recientemente acordada al haber admitido el alto tribunal el recurso del Gobierno central contra esta norma.
"La Generalitat acata esta suspensión, pero en defensa de la solidaridad continuaremos velando para que nadie quede desatendido, especialmente los colectivos más vulnerables, porque es una cuestión de salud pública que todo el mundo esté dentro del sistema", explicó ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
El Gobierno autonómico trabaja en un recurso para que la suspensión del decreto del Consell sea levantada, porque "existen precedentes en el País Vasco y Navarra, donde se dejó sin efecto".
Para la Generalitat, "el acceso a una atención sanitaria integral, de calidad, en condiciones de equidad y universalidad es un derecho fundamental de toda persona. Más aún cuando quienes se ven privados de una asistencia digna sufren situaciones de vulnerabilidad, carecen de recursos suficientes o se encuentran en situación de irregularidad administrativa".
Esta iniciativa se adoptó "ante la necesidad de paliar urgentemente la situación en la que quedaron los colectivos afectados por la medida del Gobierno en 2012", dijo Oltra.