Los profesores de los centros públicos en España, que suponen aproximadamente el 70% del total de los docentes, son evaluados para acceder a la profesión, pero no lo son después de forma regular como ocurre en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Es uno de los principales puntos destacados sobre España por este organismo de cooperación internacional en su informe Panorama de la Educación 2015-"Education at a Glance".

De los 34 países de la OCDE, solo en España, Italia, Irlanda e Israel no se requiere una evaluación regular del funcionamiento de los profesores después de haber accedido a la profesión.

Sin embargo, en la mayoría de los países estudiados hay evaluaciones regulares del profesorado y los resultados sirven para tomar decisiones sobre su desarrollo profesional.

Un mal resultado en dicha evaluación periódica tiene consecuencias para los docentes, la más común es la necesidad de una evaluación posterior (en 16 países) y la formación obligatoria (en diez países). Incluso en once países la evaluación regular del profesorado afecta al salario del profesor.

El estudio de la OCDE coincide en el tiempo con el debate abierto en nuestro país después de que el Ministerio de Educación haya encargado al filósofo y pedagogo José Antonio Marina la elaboración del borrador del Libro Blanco del profesor o Estatuto Docente. Precisamente Marina sostiene en su blog que "no sólo se puede evaluar -a los docentes-, sino que se debe hacer". Marina propone siete parámetros para evaluar a un profesor: portafolio profesional o documentación sobre su trayectoria académica y profesional; aprovechamiento pedagógico del alumno, no la nota; opinión del alumno; observación del profesor en el aula (cómo da clase, cómo se relaciona con el alumno); relación que mantiene con los padres de los alumnos; modo de colaborar con el resto de profesores del centro y calidad del centro. La evaluación del profesorado antes de comenzar su docencia está legislada y es requerida en las tres cuartas partes de la OCDE y de los países asociados.