El paro cardíaco es una de las primeras causas de mortalidad en toda Europa. Solo en España se producen entre 35.000 y 45.000 cada año, según datos facilitados por la Fundación Española del Corazón (FEC). Además, el índice de salvación tras una enfermedad cardíaca se sitúa en un 4%, mientras que en Estados Unidos es del 50%. Esta diferencia es consecuencia directa de la implantación masiva de desfibriladores semiautomáticos (DESA) en espacios públicos.

Estos equipos son capaces de revertir una situación de parada cardiorrespiratoria, también llamada muerte súbita, ya que si esta se produce se dispone de un plazo máximo de 5 minutos para asistir a la víctima con garantías de éxito. Además, por cada minuto que se pierde, desciende un 10% la probabilidad de supervivencia y aumenta el riesgo de padecer secuelas.

Para que las posibilidades de supervivencia ante un paro cardiaco repentino sean óptimas se debe realizar de forma inmediata una resucitación cardiopulmonar (RCP) que permita mantener el flujo necesario de sangre oxigenada al cerebro hasta que se restablezca el ritmo cardíaco normal mediante la descarga eléctrica suministrada por un desfibrilador.

Los avances tecnológicos han permitido crear desfibriladores semiautomáticos fáciles de utilizar por personal no sanitario y con las máximas garantías de calidad y seguridad.

La presencia de estos aparatos en lugares que registran gran afluencia de personas, como centros comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros o empresas, se ha incrementado de manera importante en los últimos años. Así y todo, España está muy alejada de los niveles de vecinos europeos como Francia, donde la implantación de estos equipos supera ocho veces la de España, una diferencia que aumenta respecto a Alemania y los países nórdicos y que crece exponencialmente si la comparación se hace con Estados Unidos o Japón.

Por otra parte, España carece de una normativa homogénea que regule que espacios deben disponer de desfibrilador fuera del ámbito sanitario ni los requisitos para su uso o registro.

Mientras comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias sí han desarrollado legislaciones al respecto hay otras como Madrid que carecen de una regulación específica para ello. Los expertos recuerdan que para poder hablar de espacio verdaderamente cardioprotegido, este debe contar al menos con un desfibrilador, con mantenimiento garantizado y personas adecuadamente formadas para poder garantizar una rápida actuación en caso de paro cardíaco repentino (para conseguir que vuelva a latir el corazón de la persona afectada), hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia. En este sentido, a España le queda un largo camino por recorrer que tiene mucho que ver con la concienciación social y con la voluntad de las administraciones.