Amnistía Internacional (AI) denunció en su informe anual que en España se vio restringida la libertad de expresión y de reunión debido a la aprobación de nuevas leyes, además de criticar el "uso excesivo" de la fuerza por parte de la Policía.
En julio del pasado año entró en vigor en España una reforma del Código Penal (que modificaba varios artículos donde se hacía una definición más amplia de los actos de terrorismo) y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Según afirma AI en su informe de 2015, esta última norma establece "límites sobre dónde y cuándo" se permiten las manifestaciones, "sanciones adicionales" para quienes celebren "manifestaciones espontáneas frente a ciertos edificios púbicos", y dota a la policía de "amplias competencias" para multar a los que muestren "falta de respeto".
La organización dedicada a la defensa de los derechos humanos recuerda que en julio el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las repercusiones de esta ley.
AI denuncia además, como el año anterior, el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad contra personas que intentaban entrar de forma irregular en Ceuta y Melilla, fronterizas con Marruecos.
AI denuncia que en marzo de 2015 España modificó la llamada ley de extranjería para legalizar la expulsión automática y colectiva de inmigrantes y refugiados en las fronteras de estas dos ciudades, ubicadas en el norte de África.
La nueva disposición, según AI, allana el camino para nuevas expulsiones colectivas, "prohibidas por el derecho internacional".
La ONG critica que cerca de 750.000 migrantes indocumentados vivían en España sin acceso adecuado a servicios de salud y recuerda que la ONU recomendó que se garantizase el acceso universal a estos servicios.
Las definiciones de tortura, sin ajustarse aún a derecho
Amnistía Internacional denunció en su informe anual que recibieron "informes sobre casos de malos tratos [a inmigrantes] en la frontera y en centros de detención a manos de funcionarios" y que "numerosas causas se archivaron sin dar lugar a procesamientos", incluidas varias en las que no se pudo identificar a los agentes porque no llevaban placa de identificación. La organización no gubernamental se queja también de que "las definiciones de desaparición forzada y tortura en la legislación española seguían sin ajustarse al derecho internacional" y que "se archivaron varias causas internacionales importantes debido a las restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción universal". En este sentido, cita la suspensión de investigación judicial de torturas en Guantánamo (Cuba), pese a que había documentos que implicaban a agentes españoles en el interrogatorio de detenidos, o el archivo de la investigación de torturas de cinco militares españoles a dos detenidos en una base española en Irak en 2004, como ejemplo de esta mala praxis detectada. El informe de AI analiza la situación de los derechos humanos en distintos países del mundo.