El Defensor del Pueblo alerta en su informe anual de la precaria situación en todo el territorio nacional de la jurisdicción social, en la que se dilucidan los conflictos laborales, hasta el punto de que se ha llegado a señalar un juicio en Sevilla para 2019. Es una de las principales conclusiones que extrae el equipo de la defensora, Soledad Becerril, en el análisis del funcionamiento de la Administración de Justicia, con 176 quejas recibidas por dilaciones excesivas.
La oficina del Defensor detectó que, a pesar de que todas las administraciones y organismos conocían esa situación, "no se estaban adoptando medidas conjuntas de suficiente entidad para solucionar los problemas detectados". El informe expone que juzgados de lo Social en Palma de Mallorca, Castellón y Murcia sufren "demoras injustificadas" en una jurisdicción que padece una mayor carga de trabajo por los efectos de la crisis económica, pero en la que es frecuente que resulte "imprescindible" la resolución judicial para hacer efectivos los derechos económicos. Por este motivo, la institución se puso en contacto con el Ministerio de Justicia, conocedor de la "endémica" situación de esta jurisdicción. Como ejemplo, el Defensor cita que la última ampliación de los juzgados de Sevilla se hizo en el año 2000. El Ministerio de Justicia comunicó las medidas adoptadas para tratar de superar esta situación, pero opinó que no era "necesario" crear nuevos juzgados de lo social. El Consejo General del Poder Judicial, por contra, consideró "imprescindible" la puesta en marcha de nuevos juzgados o dotar a los jueces de adscripción territorial de medios humanos y materiales. De ese modo, el Defensor cursó recomendaciones al Ministerio, a Andalucía, a la Comunidad Valenciana y de nuevo al Ministerio por el estado de los juzgados de Baleares (donde no están transferidas las competencias) o Santiago de Compostela, con retrasos de hasta tres años. En la jurisdicción penal, la oficina que dirige Becerril inició una actuación de oficio tras tener conocimiento de un informe del Colegio de Abogados de Málaga en el que se advertía de que en la mayoría de los juzgados de la ciudad no se señalan juicios 90 días al año.