Buena parte del sector de la Justicia, es decir, jueces, fiscales, abogados y funcionarios, comparte la opinión de que la digitalización de los procesos judiciales iniciada por el Gobierno al final de la pasada legislatura está fracasando, a pesar de ser un objetivo irrenunciable. En los dos primeros meses del año, el sistema ha permitido el ahorro de más de 72 millones de euros en las presentaciones de escritos entre los distintos operadores jurídicos, al tiempo que las comunicaciones han aumentado casi un 20% más que el mismo período del pasado año, según datos facilitados a Efe por el Ministerio.
La mayor parte de los operadores jurídicos son conscientes de que el objetivo es loable, pero cuestionan los pasos dados para ponerlo en marcha.
"La titular del Juzgado 3 de Badajoz conoció el pasado 6 de enero, sin previo aviso, que su juzgado iba a ser digitalizado, en el contexto de una prueba piloto del programa promovido desde Justicia. Aquel juzgado era ejemplar antes de ser incluido en el programa. Hoy está empantanado".
La anécdota, narrada Efe por el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, es significativa de cómo se ha puesto en marcha la digitalización de la Justicia, según la mayor parte de los agentes del sector consultados: mal. Portavoces de las principales asociaciones profesionales de jueces (desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura a la progresista Jueces por la Democracia, pasando por Francisco de Vitoria) expresaron su opinión de que la medida, con perseguir un objetivo loable, está siendo un fracaso.
Con su opinión coinciden los fiscales y los funcionarios (representados, por ejemplo, por CSIF, CCOO y UGT).