Al menos cinco de los siete menores bajo tutela de la Generalitat que fueron explotados por un grupo criminal dedicado a la pornografía infantil contactaron con la red una vez ya estaban dentro del sistema de protección social público catalán, mientras que los otros dos lo hicieron antes.
Lo explicó ayer el director general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Ricard Calvo, que añadió que el contacto de los cinco tutelados con la red fue "muy poco".
Los dos que habían tenido contacto anterior con la red entraron en un centro de acogida en Amposta (Tarragona) por una situación de desamparo, y podrían haber influido en que los otros cinco -que se encontraban en un Centro Residencial de Acción Educativa (Crae)- contactaran con la organización.
Los técnicos detectaron los contactos, lo que ayudó a practicar varias detenciones
El secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesies, defendió que los técnicos del sistema de protección fueron los que detectaron esta situación de riesgo en el Crae de Tortosa (Tarragona) y, tras establecer un diálogo con las víctimas, permitieron que se siguiera la pista a la red, en la que se produjeron las primeras detenciones una semana después.
Tras 14 meses de trabajo se pudo desarticular la red, que explotó a 80 menores, de los que se han identificado 29, ante lo que Iglesies hizo hincapié en que no se trata de un caso producido en un Crae, sino que es una red internacional, y ha rechazado dar más detalles porque se trata de una investigación bajo secreto de sumario.
Preguntado por si la administración ha protegido bien a estos menores, Iglesies defendió que sí se ha hecho.