La mayoría de las autonomías -entre ellas Canarias y otras donde no gobierna el PP- y organizaciones escolares como los padres de Ceapa y el sindicato CCOO están presentando recursos en los tribunales, o estudian hacerlo, contra el real decreto que regula las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato.
Aducen, entre otros motivos, que un gobierno en funciones no está capacitado para aprobarlo.
CCOO, que lo recurrió en la Audiencia Nacional, resalta que estas "reválidas" son "un despropósito" que afectará a los jóvenes y dificultará la "equidad" en el acceso a la Universidad. Ceapa, mayoritaria en la escuela pública, anunció ayer que recurrirá el real decreto, al tiempo que rehusaba presentar propuestas para un pacto educativo mientras haya un gobierno en funciones. Según la Lomce, estas pruebas deben aplicarse por vez primera al final de este curso en cuarto de ESO y segundo de Bachillerato; habrá que superarlas para obtener los títulos y acceder a la Universidad. Pero solo será necesario aprobarlas para titularse a partir del curso 2017-2018. El Gobierno canario aprobó pedir al Supremo que anule el decreto por "indefensión", ante la "omisión clara, manifiesta y ostensible del trámite de consulta previa" por el Gobierno central.