España es el cuarto país de OCDE con mayor tasa de litigios por persona y se sitúa por debajo de la media europea en número de jueces por habitante. Los retrasos judiciales y los atascos en los juzgados no se resuelven y, en ese contexto, las autoridades se esfuerzan en potenciar una solución parcial: la mediación.
Se trata de una alternativa a la vía judicial como canal para resolver un conflicto y, aunque aún tiene un peso marginal dentro del sistema judicial, su uso ha experimentado un incremento durante los últimos años.
Puede aplicarse tanto para disputas de tipo penal como civil, aunque en España destaca su práctica en cuestiones familiares, especialmente en casos de divorcio, donde se ponen en relación cuestiones sensibles de carácter personal y económico.