La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, concretamente el Equipo Mujer Menor (Emume), en colaboración con el Equipo de Policía Judicial del Puerto de la Cruz y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hizo una investigación que se inició a finales de noviembre de 2016, tras detectar la Inspección de Trabajo aspectos sospechosos y la recepción de una denuncia anónima en la que se informaba de que los empleados de una residencia de la tercera edad estaban obligados a devolver a la empresa un porcentaje de la nómina que recibían mensualmente por transferencia bancaria.

La empresa es la propietaria de una residencia de rehabilitación geriátrica situada en el Norte de la Isla, que presta sus servicios tanto de forma privada como concertada.

Tras una discreta investigación se pudo confirmar que el aviso era veraz y se supo que, hasta el verano de 2016, la empresa abonaba a sus empleados la nómina mensual en metálico. Pero el importe que se entregaba al personal era inferior al que constaba en las nóminas que debían firmar. Es decir, la sociedad se quedaba con un porcentaje de cada salario; variable en función del sueldo de cada trabajador. Además, la entidad no abonaba las pagas extras de verano y Navidad, aunque los asalariados firmaban esas pagas extras como cobradas.

A partir del verano de 2016, la sociedad empezó a pagar por transferencia bancaria; pero en los siete días siguientes cada trabajador debía poner en un sobre con su nombre una parte del sueldo y colocarlo en un buzón. El personal hacía jornadas completas, pero el dinero que ganaba no superaba, en muchos casos, los 700 euros mensuales. La cifra de trabajadores afectados ronda la veintena. Los agentes hicieron un registro en la Administración, donde fue hallado el buzón citado con 12 sobres dentro y 2.600 euros. La investigación permitió saber que el personal fue víctima de un delito contra los derechos de los trabajadores desde hace años, probablemente desde 2009. Además, los agentes detectaron indicios de un delito de blanqueo de capitales, por el dinero devuelto de los salarios. Fueron detenidos el administrador de la empresa como directamente responsable, su hijo (director de la residencia) y una supervisora de confianza.

Miedo a perder el puesto

Los acusados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Icod de los Vinos. La respuesta de todos los trabajadores acerca de la razón por la que devolvían parte de su sueldo a la empresa siempre fue que, si no lo hacían, sabían que perderían su trabajo, y muchos eran los únicos que aportaban dinero a sus familias. Incluso, algunos de ellos fueron contratados de forma temporal firmando un documento de baja voluntaria en blanco desde el momento de su contratación. Aunque la cuantía de dinero que la empresa recuperaba de las nóminas pueda parecer relativamente escasa, la Guardia Civil cree que esa conducta pudo reportar unos beneficios directos y no declarados de 30.000 euros al año.