La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que cumplió una década, se encuentra en un momento "crucial" para lograr el objetivo para el que fue creada: pasar de la beneficencia a un sistema público de protección social.
Sin embargo, pese a que la ley ha supuesto en España uno de los mayores avances sociales de los tres últimos lustros y fue configurada con la idea de constituir el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la normativa no se ha desarrollado como se esperaba por los desajustes de implantación en las comunidades autónomas y por los problemas de previsión y de financiación, que no acaban de resolverse.
Tal es así, que a mediados de diciembre, cuando se cumplían diez años de la aprobación de la normativa, la mayoría de los grupos parlamentarios, menos el PP y el PNV, firmaban un acuerdo en el Congreso para relanzar la ley, recuperar los fondos perdidos en los Presupuestos Generales, acabar con la lista de espera en dos años o dotar al sistema de mayor transparencia.
En este momento, el 28% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio, pese a tener derecho. Y es precisamente este limbo de la dependencia el que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales asegura que se podría eliminar si el Estado, a través de los PGE, reinvierte los 450 millones de euros "recortados".
"Cada cuarto de hora muere un dependiente sin ser atendido", alerta el presidente del Observatorio Nacional de la Dependencia, José Manuel Ramírez, quien estima en 149.000 las personas que han fallecido en esta situación.