La lucha contra la despoblación empieza a tomar cuerpo gracias a un primer plan integral de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La atención infantil en el domicilio y el acceso a los servicios bancarios en los pueblos son dos de sus principales propuestas.

Prioridad de Estado para el Gobierno y asunto urgente para los gobiernos locales. Consciente de la magnitud que estaba alcanzando el problema de la despoblación, la FEMP creó recientemente una Comisión con el objetivo de hacer realidad un plan integral que pusiera coto a este fenómeno imparable desde los años noventa.

El proyecto ya ha visto la luz y será por tanto una de las bases de la Estrategia Nacional que coordina el Comisionado para el reto demográfico del Ministerio de Presidencia y para la Administración Territorial, dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría.

Mientras siguen avanzando sus trabajos, la FEMP se ha anticipado con un proyecto de casi 80 medidas clasificadas en siete áreas: instituciones, economía y empleo, servicios públicos, infraestructuras, transporte y comunicaciones, vivienda, cultura e incentivos demográficos.

Es su respuesta a un informe anterior con números ilustrativos: la evolución demográfica ha dejado en riesgo de extinción a la mitad de los 8.125 municipios españoles, a 1.286 pueblos con menos de 100 habitantes y a 36 provincias con pérdidas de población solo en el último año.

Revertir la despoblación de las zonas rurales requiere, en principio, la articulación de una serie de medidas que frene el éxodo, provocado por la marcha de los jóvenes a la ciudad y por el fallecimiento de unos habitantes cada vez más envejecidos.

Tiene que volver la gente al campo y, una vez allí, tener a disposición servicios, comercios e infraestructuras, además de cobertura para su móvil. Todo esto lo aborda el plan de la FEMP.

Por ejemplo, en busca de pobladores, la Federación propone captar viviendas vacías y gestionar "bolsas de viviendas a escala provincial".

Puesta la morada, pongamos al morador. La Federación, por ejemplo, pide bonificaciones o deducciones en el IRPF para residentes en el medio rural y sugiere desarrollar, previo estudio, incentivos económicos y de carrera profesional para aquellos empleados públicos que "fijen su residencia habitual en el municipio o en la zona rural en la que preste servicio", apunta el documento.