Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, ofreció ayer una brillante, amena y práctica conferencia en el Parlamento de Canarias sobre el uso de las nuevas tecnologías en la investigación criminal y despejó posibles dudas en casos muy reales al público, entre el que había magistrados, jueces, fiscales, abogados, expolíticos y algún mando policial. Marchena dejó claro que, desde diciembre del 2015, la Ley 13/2015 permite que un juez de instrucción autorice la instalación de cámaras de vídeo y micrófonos en casas o despachos de determinados delincuentes para obtener pruebas claves en una investigación. El experto jurista manifestó que este tipo de medidas deben aplicarse únicamente en los delitos considerados "extremadamente graves". Para Marchena, en estos casos deben aplicarse los principios de proporcionalidad y excepcionalidad, "ya que cuando uno cierra la puerta de su casa, la expectativa de privacidad es absoluta", tanto en el individuo que se investiga como en sus familiares.
La citada legislación también permite que los agentes apliquen un programa informático para "esclavizar" el ordenador del delincuente, siempre que así lo autorice el juez, recordó el experto.
En el caso de los micrófonos para "espiar" conversaciones entre uno o más sospechosos, Marchena comentó que solo debe aplicarse a un determinado encuentro con otra o más personas, por ejemplo, durante una comida.
Sobre las escuchas telefónicas, recordó que, actualmente, es más importante el factor de "geolocalización", es decir, dónde está un determinado ciudadano y a qué hora, que la persona con la que habla o el contenido de su conversación. En su intervención señaló que "no vale obtener la verdad a cualquier precio".
En la mesa estuvo acompañado por la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste.