El problema de los exámenes de Tráfico se ha complicado notablemente en los meses de verano, cuando más demanda de alumnos hay. Si hasta ahora eran las empresas de formación las que pedían más examinadores o dinero para horas extra en las que atender las solicitudes de exámenes, desde ayer son los propios funcionarios encargados de realizar las evaluaciones quienes se han puesto en huelga porque el Gobierno del Estado no atiende sus demandas, como disponer de un complemento específico, incrementar el personal o carecer de seguridad cuando entregan los resultados.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el director de la Jefatura de Tráfico, Eduardo Polo, manifestó que el seguimiento de la huelga en su primera jornada fue del 82 por ciento aproximadamente. De forma concreta, si en las islas occidentales existen ahora 11 examinadores en activo, ayer se pusieron en huelga nueve de ellos.
Los actos de protesta serán los lunes, martes y miércoles de cada semana hasta el 31 de julio, si antes no hay acuerdo entre los citados funcionarios, la Dirección General de Tráfico y el Ejecutivo. Eduardo Polo explicó que, al menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cada jornada de huelga se avisará a los directores de las autoescuelas (o a una delegada de estos) a las 8:00 horas sobre si los alumnos de cada centro pueden examinarse ese mismo día o no. En caso de que su examinador esté de huelga en la jornada asignada, entonces serán las propias autoescuelas y los alumnos quienes tendrán que volver a solicitar cita para la prueba. Es decir, que la Jefatura Provincial de Tráfico únicamente realizará la primera convocatoria, la siguiente o siguientes deberán pedirlas formalmente los centros de formación o sus clientes.
El secretario de la Asociación Canaria de Centros de Formación Vial (Acacefv), Javier Báez, explicó que ayer, a media mañana, de los dos examinadores que trabajaban, uno cogió la baja médica. Báez comprende que, a pesar del perjuicio que sufren las empresas y los alumnos, los examinadores están cansados de que la Dirección General de Tráfico "prometa y no cumpla". Reconoce que dichos funcionarios escogieron las peores semanas para ponerse en huelga.
Según las estimaciones de Báez, en la primera semana de movilizaciones, los retrasos de pruebas pueden llegar a los 300 y ascenderán a 700 casos en dos semanas. Báez recuerda que, en julio, está previsto que algunos examinadores estén de vacaciones, por lo que el problema puede agravarse aún más. Según los datos en poder de Báez, ayer fueron 89 los alumnos que no pudieron examinarse en la provincia.
Para el secretario general de Acacefv, el problema radica en que el Gobierno del Estado no se compromete a resolver las demandas de los examinadores, principalmente el pago de un complemento específico por su labor. Báez recuerda la responsabilidad que tienen los funcionarios que van a permitir o no que una determinada persona pueda circular, a la vez que el Gobierno sí apuesta por las campañas de Tráfico para intentar reducir los accidentes mortales. El portavoz de dicha asociación señala que las autoescuelas promoverán la recogida de firmas entre los alumnos afectados, con el objetivo de remitirlas a la Defensora del Pueblo. Báez explica que los exámenes de Tráfico son públicos, pero no gratuitos, puesto que cada alumno paga 90,30 alumnos para presentarse.