Ayer comenzó en La Laguna la primera edición de las Jornadas sobre Seguridad Digital y Cibercrimen, organizadas por el Ayuntamiento, en colaboración con el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias y el Gobierno canario, para concienciar a la sociedad, promover la ciberseguridad y difundir los conocimientos de los profesionales.
La última intervención de ayer corrió a cargo de la agente de la Policía Nacional Estefanía Afonso, destinada en el Grupo de Participación Ciudadana de la Comisaría de La Laguna. Esta funcionaria lanzó un mensaje que puede resultar polémico, políticamente incorrecto y dudoso desde el punto de vista legal, pero que, desde su perspectiva práctica, ahorrará más de un quebradero de cabeza a muchos padres. Afonso, que también es psicóloga especializada en Psicología educativa, aseguró que "los menores no tienen derecho a la intimidad", sobre todo si usan los elementos tecnológicos comprados por sus padres y cedidos a los adolescentes para que, entre otras cosas, estos accedan a internet o a las redes sociales. La agente, que ofrece charlas a padres de alumnos o vecinos del municipio junto a su compañero Fernando Palmero, insistió en la importancia de que, cuando los adolescentes acaben de usar sus dispositivos electrónicos, los progenitores revisen el historial de las páginas, chats o redes que han visitado para evitar sorpresas o, en el peor de los casos, severas multas por los delitos de sus hijos. Otro ponente, el abogado Alberto Bacallado, coincide plenamente con el mensaje de la policía. Señaló que, llegado el caso, el juez deberá decidir entre el derecho a la intimidad del menor o el deber de ejercicio de tutela sobre el hijo por los padres. Bacallado insistió en la importancia de que los ciudadanos destierren la idea de que a un menor "no le pasa nada" si comete un delito. Explicó que ha habido modificaciones legislativas que permiten que un "pantallazo" pueda usarse como prueba de amenazas, extorsión sexual o coacciones en redes sociales o internet. Y advirtió de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) también se ha adaptado (Art.588) para que un juez pueda ordenar el registro del ordenador de un sospechoso.
El criminólogo Félix Ríos también intervino en las jornadas para exponer la importancia que las nuevas tecnologías tienen en la investigación policial de casos graves. Pero también advirtió de que las redes sociales o internet también son utilizados por los delincuentes para seguir a quienes realizan pesquisas para atraparlos o conocer el avance de determinados asuntos que les afectan.