La Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado hoy el proyecto de ley sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo, según el cual estos procedimientos serán gratuitos para los ciudadanos y no habrá límites del importe de la reclamación.

De esta forma, y a través de una de las más de cien enmiendas que se han presentado al proyecto de ley, en este caso socialista, estos litigios serán gratis para los ciudadanos y no deberán abonar el máximo de 30 euros que fijaba el texto inicial para la gestión del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos de consumo.

El proyecto, que transpone la directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, pretende garantizar a los consumidores residentes en la UE la posibilidad de resolver litigios con empresarios establecidos en cualquier estado de la Unión y facilitarles que los posibles problemas derivados de sus contratos tengan una solución extrajudicial.

Se trata de conflictos de carácter nacional o transfronterizo surgidos entre un consumidor y un empresario, con ocasión o como consecuencia de un contrato de compraventa o de servicios celebrado de forma presencial, electrónica o telefónica.

De acuerdo con la reforma aprobada hoy, no podrán acreditarse entidades en las que haya personas retribuidas por el empresario reclamado.

También obliga a las entidades financieras y a las compañías aéreas a someterse a este procedimiento y aprueba un plan de ayudas para las Juntas Arbitrales de Consumo.

Junto a la gratuidad del procedimiento, el texto elimina los umbrales mínimo (30 euros) y máximo (10.000 euros) para admitir a trámite una reclamación.

Desde el PP, la diputada María Torres ha dicho que la ley dará un "nuevo impulso" a la resolución extrajudicial de los conflictos de consumo, mientras que la socialista Begoña Tundidor ha destacado que no es "tanto una alternativa a la justicia, como una justicia alternativa".

Tras la votación, Tundidor ha resaltado la importancia de las enmiendas socialistas que han logrado también la obligatoriedad de las entidades financieras y el carácter vinculante para las compañías aéreas de someterse al procedimiento de resolución ante la entidad acreditada que se cree en esos ámbitos.

Por su parte, Fernando Navarro, de Ciudadanos, ha calificado la nueva forma de resolver los conflictos de consumo como "sencilla, asequible y eficaz" y María Asunción de la Concha, de Podemos, ha precisado que hubiera preferido una ley que incluyera a los autónomos y protegiera "a las pequeñas empresas en relación a las grandes corporaciones".

En declaraciones a Efe, el vicepresidente segundo de la Comisión, Bienvenido de Arriba, ha asegurado a Efe que se trata "de una gran ley" que va a "mejorar las relaciones" entre los consumidores y los empresarios.

Además, ha subrayado el espíritu de acuerdo de todos los grupos en estas últimas semanas hasta llegar a este proyecto de ley, que ahora deberá pasar por el Senado.