La Comisión de Igualdad del Senado ratificó ayer el acuerdo alcanzado el pasado lunes que recoge un total de 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, pero también rechazó 13 votos particulares presentados por PSOE y Podemos. El Pacto prevé contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, autonomías y Adminitración Central.
Como novedad al texto de comienzos de la semana, se incorporó un voto particular para atender situaciones como la de Juana Rivas. Así, pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.
Entre las medidas más llamativas, propone sustituir la declaración de la víctima de violencia de género en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar "una segunda victimización y la impunidad de los agresores" y estudiar las posibilidades en torno al derecho de dispensa de la víctima respecto al agresor. Y contempla el derecho de los jóvenes que han sufrido violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador. En el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos -trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual-, incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual -a través de la recogida de datos y una macroencuesta-; así como que se realicen protocolos que actúen contra el "acoso callejero o la violencia sexual en las fiestas populares".