El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ordenó ayer la detención de Juana Rivas, la vecina de la localidad granadina de Maracena en paradero desconocido desde que incumpliera el 26 de julio la orden judicial de entregar a sus hijos al padre -condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar-, después de que no compareciera ayer ante este tribunal, que mantiene abiertas diligencias por la vía penal para dirimir si ha podido incurrir en un delito penal de retención ilícita de menores.
Tras examinar la solicitud de Francesco Arcuri, el padre de los menores, residente en Italia, que sí acudió al juzgado, donde también estaba citado ayer, y el criterio del fiscal, el juez valoró en su auto "la existencia de un presunto delito de sustracción de menores". Consta asimismo en autos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no han podido localizar a la investigada". La Fiscalía apuntó la necesidad de defender la "legalidad ordinaria" para que la madre de Maracena sea puesta a disposición del juez.
Por su parte, Francesco Arcuri se ratificó en sede judicial en la denuncia que interpuso en su día, solicitando, tras la no comparecencia de Rivas, "medidas de índole personal" contra ella -como es una orden para su detención-, junto con otras referidas a los niños, y a su entrega inmediata mediante intervención policial, según indicó a los periodistas su abogado. Según hizo constar el juez en el auto en que dictamina la orden de detención y presentación de la madre de Maracena ante el tribunal, "no procede la adopción de otras medidas cautelares" más allá de la orden de detención.
El juez apunta a que las medidas solicitadas por el padre de los niños "resultan amparadas" por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "aplicable en cualquier ámbito jurisdiccional para posibilitar rápidamente la evitación de perjuicios a los menores". No obstante, la decisión judicial impide a Rivas "abandonar el país", y para los menores, de once y tres años, "supone el mismo impedimento" en la actual situación. Si los hijos fueran hallados bajo su guarda o la de un tercero, "el cumplimiento de lo acordado obliga a que los menores sean entregados al padre".
En este sentido, las medidas para "asegurar la disponibilidad de la investigada y la restitución de los menores, ya han sido adoptadas", y, respecto de otras que "pudieran ser pertinentes", el dictamen habrá de hacerse una vez sea puesta a disposición judicial.