La mayor parte de las principales ONG de ayuda a los inmigrantes en el Mediterráneo, entre ellas Médicos sin Fronteras y Save the Children, han suspendido sus tareas de rescate tras la decisión tomada a mediados de esta semana por las autoridades libias de ampliar su zona exclusiva de búsqueda y rescate hasta más allá de los 22 kilómetros de distancia que marcan sus aguas territoriales.

La decisión fue dada a conocer el pasado 10 de agosto por el comandante Abdelhakim Bouhaliya, responsable de la base naval libia de Abú Sitta, en Trípoli. Libia "ha creado oficialmente un área de búsqueda y rescate (SAR) donde ningún buque extranjero tendrá derecho a entrar a menos que se dé una petición expresa a las autoridades libias".

El portavoz de la Marina libia, general Ayub Qassem, aclaró de manera definitiva las intenciones de esta decisión, adoptada explícitamente contra "las ONG que sostienen la inmigración ilegal argumentado que se trata de un esfuerzo humanitario", y con un claro tinte soberanista. "Queremos enviar un mensaje claro a todos aquellos que violan la soberanía de Libia y la falta de respeto a la Guardia Costera y la Armada de este país", declaró.

Casi 600.000 migrantes han llegado a Italia en los últimos cuatro años, la inmensa mayoría a través de mafias en embarcaciones ilegales desde las costas de Libia. Más de 13.000 personas han muerto tratando de llegar a Europa a través de este paso.

El anuncio libio supone la culminación de meses de presión sobre las ONG, que han tenido que defenderse de la acusación de que no son más que un servicio de las mafias migratorias, que aprovechan sus trabajos de rescate, como llegó a decir el jefe de la agencia fronteriza de la Unión Europea (Frontex), Fabrice Leggeri, el pasado mes de febrero en una entrevista concedida al diario alemán Die Welt.

"Entiendo que la ley marítima implica que todos los marinos tienen el deber de rescatar a gente en peligro, pero tenemos que evitar dar apoyo a los negocios de las redes criminales y de los traficantes libios mediante la acción de los barcos europeos que cada vez se acercan más a las costas libias a recoger a los inmigrantes", aseveró Leggeri, que además acusó a algunas ONG de "faltar a la cooperación con las agencias de seguridad europeas a la hora de facilitar las investigaciones sobre la procedencia de los rescatados".

Lo que eran unas declaraciones condenadas al unísono por las ONG -MSF las calificó de "extremadamente graves" y acusó a la UE de no concederles ninguna oportunidad de responder a ellas ante las instituciones comunitarias, como lamentó la asesora de MSF Aurelié Ponthieu- fueron intensificándose durante las semanas siguientes, conforme el Ejército italiano comenzó a entrenar a la Marina libia para especializarla en el rescate de inmigrantes, un indicio de que la labor de las ONG estaba a punto de pasar a un segundo plano en favor de la acción individual del país norteafricano.

El ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, destacó en este sentido que "el papel cada vez mayor de Libia estaba conteniendo la llegada de inmigrantes y produciendo un bienvenido reajuste en el Mediterráneo", antes de hablar de otro elemento importante en esta situación: la declaración de un código de conducta de atención en el mar, impulsado por Roma, y que sostiene que "la actividad del rescate de personas no puede disociarse de un protocolo para la recepción sostenible de individuos".

La firma del código ha causado tensiones entre las ONG de salvamento mientras otras organizaciones pro Derechos Humanos, como Human Rights Watch, han advertido durante las últimas semanas de que Libia no solo no está preparada para asumir en solitario la responsabilidad de las tareas de salvamento, sino que sus militares se comportan de forma displicente, temeraria y agresiva, hasta el punto de que han llegado a abrir fuego de advertencia contra los barcos de ONG, como sucedió el 23 de mayo contra el barco Aquarius de MSF/Sos Méditerranée e incluso contra barcos de la Marina italiana, según algunos testimonios.