Con una concentración ante el Congreso de los Diputados para que las causas de bebés robados sean una "cuestión de Estado" y con una campaña de Amnistía Internacional en recuerdo a los más de 100.000 desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo se conmemoró ayer en España el Día de las Desapariciones Forzadas.

En el lugar donde los afectados consideran que se "debía haber dado ya respuesta" a sus demandas de "justicia y reparación", la plataforma Camino de la Justicia, la asociación AVIDNA y el Observatorio Internacional para la defensa de los Derechos Humanos Nuevo Ágora, concentraron a decenas de afectados para demandar la inmediata creación de un "censo de bebés desaparecidos".

Según Pedro Caraballo Garrido, Coordinador de Nuevo Ágora, la creación de este censo nacional es imprescindible para conocer la "envergadura del problema" y para "poder cerrar la Transición".

Caraballo denunció la lentitud de la Justicia y la falta de colaboración de la Iglesia para esclarecer estos casos y pidió a los políticos que trabajen para solucionar estas causas, al tiempo que lamentó que tras su primera concentración, hace un año, no haya habido "grandes avances en los últimos meses".

Pese a ello, reconoció que "se han dado algunos pasos", como la asignación de 100.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para crear un banco de ADN y anunció que en los próximos días se reunirán con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y con representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros.

Durante la concentración, la segunda que celebran un 30 de agosto ante el Congreso, las víctimas leyeron un manifiesto en el que exigieron que prime "la verdad, la justicia y la reparación" para esclarecer las desapariciones de unos 300.000 bebés robados o adoptados ilegalmente, según algunas estimaciones.

Entre los asistentes se encontraba Antonio Iniesta, quien busca a su hermano mayor, nacido en el Hospital Sanjurjo de Valencia el 3 de junio de 1957. "Era el mayor de los cuatro hermanos y a mis padres les dijeron que el bebé murió, no les enseñaron el cuerpo, el hospital se ocupó del entierro, no firmaron ningún papel y desconocen dónde fue enterrado", relató.

También en Canarias los colectivos Sin Identidad protagonizaron una jornada reivindicativa y de información. Sus componentes distribuyeron 1.500 comunicados y criticaron de nuevo la postura del Cabildo de Tenerife, que a su juicio incumple los diez puntos de que consta la resolución emanada del Parlamento regional y no ha mostrado "ningún interés" por colaborar con los afectados.

La proposición aprobada por la Cámara autonómica es la primera del país que declara el robo de bebés como "crimen contra la humanidad", recoge el acceso a los archivos e insta al Gobierno a crear una base de datos genéticos y la repetición de las pruebas de ADN.