El curso escolar 2017-2018 arranca esta semana en varias comunidades autónomas en medio de la incertidumbre acerca de si se alcanzará o no en los próximos meses el Pacto Social y Político por la Educación que los grupos parlamentarios negocian en el Congreso de los Diputados desde hace más de ocho meses.
La vuelta al cole se hará de forma escalonada según la autonomía y la etapa educativa. Navarra será la primera que abra las puertas de sus centros educativos, el 6 de septiembre. Al día siguiente, el 7, será el turno de Aragón, Cantabria, La Rioja, Murcia y País Vasco, mientras que el 8 lo hará la Comunidad de Madrid.
El lunes 11 empieza el primer trimestre del curso en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; el martes 12 en Cataluña, y el 13 en Baleares y Extremadura.
Pero no solo los más de ocho millones de alumnos y los casi 700.000 profesores vuelven a las clases. También los políticos se incorporan a sus escaños para dar cumplimiento al compromiso adquirido con la sociedad española de lograr el consenso en materia de educación.
Representantes de la comunidad educativa, que han vertido sus propuestas en más de 80 comparecencias en la Comisión de Educación, están ahora a la espera de ver qué hacen con ellas los grupos del Congreso. Además, los consejeros de Educación autonómicos tienen que hacer sus aportaciones este mes en el Senado.
Cuando finalicen las comparecencias, los diputados de la subcomisión parlamentaria redactarán un documento de mínimos para enviárselo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo responsable, Íñigo Méndez de Vigo, se comprometió a tomarlo como base para redactar una nueva ley educativa, la octava de la democracia, con la diferencia de que esta sería, en principio, el resultado de un consenso previo social y político.
Los seis primeros meses de comparecencias de expertos y representantes de organizaciones educativas -patronales, padres, profesores, sindicatos, alumnos- sirvieron a los portavoces parlamentarios para manifestar su opinión sobre varios temas.
El que más debate suscita es la interpretación del artículo 27 de la Constitución Española sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y su aplicación en la defensa o no de la red concertada.
Pública y concertada
Mientras para el PP el artículo 27 es su principal línea roja en las negociaciones, y señala que la existencia de la concertada responde a este derecho constitucional porque la demandan las familias, Podemos y PSOE acusan a los populares de hacer una lectura sesgada de la Carta Magna. Ambas formaciones quieren reducir la oferta de conciertos y, en concreto, Podemos quiere su desaparición. Para Ciudadanos, el debate no es tal y defiende la coexistencia de la red pública y la concertada.