El Congreso dio ayer luz verde al Pacto de Estado en materia de Violencia Machista, casi un año después de que esa misma Cámara aprobara instar al Gobierno a promover un documento de consenso con medidas para luchar contra esta lacra los próximos cinco años.

El acuerdo recoge 213 medidas en diez ejes de actuación, con un presupuesto de 1.000 millones de euros para 5 años a repartir entre Administración Central, comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Gobierno tiene ahora dos meses para articular el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que aunará el texto de la Cámara Baja junto con el aprobado hace dos semanas por el Senado.

Durante el debate, los grupos reclamaron la unanimidad para este pacto al considerarlo histórico y útil en la lucha contra la violencia de género, aunque Unidos Podemos insistió en mantener la abstención porque es "insuficiente" y las medidas que contemplan no están garantizadas presupuestariamente.

Otros grupos, como el PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto reclamaron al Gobierno que garantice las partidas para que puedan aplicarse las 213 medidas que prevé el pacto y en el caso de prórroga de los presupuestos que se habilite un crédito extraordinario o cualquier otra fórmula.

Se incorporó, además, una medida de última hora a instancias del PSOE y apoyada por todos los grupos para que se consideren víctimas de violencia de género las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o ex parejas, en referencia directa a Ruth Ortiz, que siguió el debate desde la tribuna de invitados, y cuyos hijos, Ruth y José, fueron asesinados a manos de su padre José Bretón.

Entre las medidas acordadas en julio, está la articulación de unidades de apoyo local que ayuden a las mujeres que pudieran estar viviendo una situación de violencia de género a su identificación, con independencia de la interposición de la denuncia, a fin de facilitarles asistencia y protección.

Así, las mujeres maltratadas que no hayan presentado denuncia podrán ser consideradas víctimas y recibir protección. Además, plantea también que la Policía Local proteja a las víctimas.

Por otro lado, en el ámbito sanitario, sugiere formar a los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero víctimas de violencia de género e incluir en los protocolos sobre violencia de género, un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.

Asimismo, el documento propone suscribir convenios con asociaciones de guionistas para fomentar el tratamiento de la imagen de la mujer "libre de estereotipos".