Miércoles 27 de septiembre. Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. A las 10:20 horas despega un avión fletado por la Policía Nacional con destino Lima y escala en Bogotá. En él viajan 43 colombianos y siete peruanos, incluidos en los 2.508 deportados este año, que suman entre todos ellos 3.327 delitos.

Desde las 7:00 horas, pudo ser testigo de todo el protocolo que la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER), perteneciente a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía, lleva a cabo para que los deportados vuelvan a poner el pie en su país de origen sin que nada altere el proceso.

Y como "notarios" de todo ese procedimiento viajan en el avión un agente de la agencia europea Frontex, dos miembros del Mecanismo de Prevención contra la Tortura de la Oficina del Defensor del Pueblo y una funcionaria de la Secretaría de Estado de Seguridad, además de un médico y una diplomada universitaria en enfermería para atender a los deportados.

Es un vuelo especial entre los de estas características que ha realizado este año la UCER, los llamados vuelos macros (379 expulsados con 898 antecedentes en 2017), ya que el despliegue policial en Cataluña no ha permitido contar con agentes de las UIP como en otras ocasiones.

Aún así, cien policías de la UCER suben al avión, ya que además de un agente escolta por cada repatriado, viaja un grupo de reacción por si tuviera que intervenir.

También es un vuelo especial porque es el segundo en este año que aprovechó la vuelta para traer desde Perú presos españoles.

Casi dos meses de trabajo ha costado a la UCER, tal y como explican sus responsables, organizar este traslado, desde el aviso a los propios deportados, hasta la reserva de hoteles, pasando por la coordinación con los agregados de Interior en los países de destino o la negociación con la compañía aérea (sale a concurso cada dos años) que hará el trayecto (la UTE Evelop-Air Nostrum).

Al menos tres horas antes del despegue tiene lugar un briefing para informar a los policías de todo lo relativo al vuelo y su seguridad. Los agentes van vestidos de paisano, pero portan todos un chaleco amarillo con el emblema de la Policía y su número identificativo, como recomendó el Defensor del Pueblo.

La Policía también ha atendido otras dos recomendaciones de esta institución: que viajen intérpretes (en este caso no era necesario) y que haya un libro de registro que especifique qué medio de contención se pone a cada repatriado, si se pone.

Poco a poco van llegando a las instalaciones aeroportuarias los deportados, procedentes de diferentes CIE y prisiones. Solo tres no tienen antecedentes y uno -una joven colombiana- ha pedido voluntariamente volver a su país. Ninguno es especialmente peligroso, según ha constatado la Policía, y la mayoría ha estado recluido por malos tratos o por drogas.

Los agentes verifican si los repatriados llevan la documentación necesaria, recogen sus efectos más personales (como teléfono móvil) en bolsas transparentes que guardan hasta la llegada y recepcionan e inspeccionan el equipaje antes de almacenarlo en la bodega del avión.

De uno en uno, son cacheados para pasar después a una sala de espera vigilados por más agentes sin que se produjeses incidente alguno en el proceso.