Los países que se ven inmersos en procesos largos de pacificación de conflictos deben, irremediablemente, pasar a la finalización de aquellos por vías de justicia transicional que restablezcan los cánones de la democracia, sin dejar sueltos cabos que puedan atentar contra la equidad o permitir la impunidad sobre los actores implicados.
Esta ha sido una de las claves de la Jornada Democracia y Derechos Humanos dedicada a la justicia transicional que tuvo lugar ayer en el arranque del Campus América de la Universidad de La Laguna.
En la sesión, en la que participaron cuatro altos cargos del poder judicial en Colombia, se analizaron los procesos tan complicados por los que el país andino debe transitar en ese sendero de pacificación que se materializó el pasado año y que ya tenía aproximadamente 26 años de historia.
El gobierno colombiano "ha puesto en marcha la implantación de un nuevo mecanismo, basado en la justicia transicional, a aplicar en esta situación nueva, analógica a la de muchos países con circunstancias similares a lo largo de la historia y cuyo valor repercutirá directamente en la sociedad civil", aseguró el procurador general de la República de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, quien remarcó que, llegados a este punto, "la justicia debe ser la joya de la corona del estado de derecho y el verdadero eje sobre el que pivotará la gobernabilidad".
Según Carrillo estas circunstancias pasarán por tener en cuenta factores como colaboración de la ciudadanía, gobernabilidad del poder judicial, descentralización del sistema o la eficiencia en la administración de justicia.
Por otro lado, el fiscal nacional de la República, Néstor Humberto Martínez, aclaró que "la fiscalía general queda fuera de estas vías transicionales y adopta un papel meramente informador".