El movimiento de las personas es imparable, pero puede ser tremendamente trágico -e irresponsable- que por delante de las normas no estén los derechos humanos. Hoy, si todas las personas que viven fuera del país donde nacieron se unieran para formar su propia república de los desarraigados, nos encontraríamos ante el quinto mayor país del mundo, con una población de más de 240 millones, y si ese país estuviera formado solo por las personas desplazadas de forma forzosa, apenas 20 naciones lo superarían. En un contexto así, la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (Calre) advirtió ayer, en la sede del Parlamento de Canarias, que asistimos al desplazamiento del mundo y demandó a la Unión Europea más cooperación internacional para atender esta crisis humanitaria.

Este llamamiento ha quedado recogido en el estudio "Movimientos mixtos de población y derechos humanos. Menores extranjeros no acompañados", que fue presentado ayer en el Parlamento autonómico tras siete meses de trabajo y bajo la presidencia de la titular de la Cámara, Carolina Darias.

La responsable, que fue la encargada de sintetizar el trabajo, insistió en la necesidad de "dar una respuesta humanitaria y global" a los desplazamientos masivos de población, que si bien han existido siempre, se han incrementado desde 2015 y han sonrojado a la Unión Europea.

La presentación del documento coincidió con el 61 aniversario de la aprobación de la Carta Social Europea, efeméride que sirvió para reivindicar un reconocimiento mayor para todas las personas que tienen que abandonar sus hogares. Según ha constatado Naciones Unidas -y queda reflejado en el documento-, "el crecimiento de los desplazamientos de población de un continente a otro, o de una zona a otra dentro del propio continente, es superior al crecimiento de la población en el conjunto del planeta". En otras palabras: "Estamos asistiendo a un éxodo planetario o a lo que se ha denominado el desplazamiento del mundo", alertó.

"El fenómeno de los grandes desplazamientos de población que estamos viviendo no tiene precedentes en Europa, por eso exige de toda la ciudadanía, y especialmente de quienes ejercemos alguna responsabilidad política, un gran esfuerzo de comunicación y una firme voluntad de entendimiento para poder llegar a comprender sus múltiples razones, causas y consecuencias".

La presidenta puso como ejemplo la crisis de los cayucos de Canarias -el espíritu hospitalario- y recordó que el papel de las ONG ha sido tan admirable que ha hecho sonrojar a los estados.

"Bruselas tiene que mirar más al sur"

El presidente de la Calre y del parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, presente ayer en la presentación del informe, anunció que la aprobación definitiva del documento será en noviembre, durante un pleno de la organización, y que espera sirva para aplicar "una política migratoria eficaz, responsable y sostenible". "Bruselas tiene que mirar más al sur", subrayó.

En el acto también estuvo el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que recordó lo olvidada que se había sentido Canarias por Europa cuando vivió la llegada de miles de personas a sus costas a bordo de endebles embarcaciones. "Sigue pasando", advirtió. El dirigente explicó que "los flujos migratorios deben ser voluntarios, regulados y dilatados en el tiempo".

Darias, por su parte, destacó que no hay una única forma de abordar el fenómeno, sino varias -modelo geopolítico, socioeconómico, ecológico y sociolaboral-, aunque defendió la política como la herramienta "más eficaz" para cambiar esa realidad. Pero para poder dar una respuesta civilizada a esta situación hay que tener "una visión compartida del fenómeno", compartir "buenas prácticas", mejorar "la gobernanza" y plantear "una estrategia", dijo.

En este sentido, aseveró, son de gran relevancia las iniciativas parlamentarias que puedan surgir para transformar la realidad y favorecer la cooperación internacional.

En la jornada de ayer, no obstante, hubo tiempo para reconocer las buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones no gubernamentales. En concreto, participaron representantes de las entidades International Peace Institute (IPI), Acnur y el Servicio Jesuita de Refugiados en Europa, que expusieron sus experiencias.