Uno de cada tres centros penitenciarios en España, el 33 por ciento, entre ellos dos de Canarias, no cuenta con un servicio de orientación jurídico-penitenciaria para presos, donde los internos pueden recibir asesoramiento sobre su situación en la cárcel.
Son datos que figuran en la respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado, quien formuló al Ejecutivo una pregunta para pedir información sobre los centros en España que no disponen del Servicio Jurídico-Penitenciario (SOAJP) para internos.
Del total de 69 centros penitenciarios que existen en España, según datos del Ministerio del Interior, 23 de ellos no dispone de estos servicios de asesoramiento jurídico, tal y como se detalla en la respuesta del Gobierno a la que ha tenido acceso Efe. Por regiones, en Castilla-La Mancha (Alcázar de San Juan, Cuenca y Herrera de la Mancha), Comunidad Valenciana (Alicante cumplimiento, Castellón y Castellón II), Galicia (Bonxe-Lugo, Monterroso y Teixeiro) y Baleares (Ibiza, Menorca y Mallorca) existen tres centros sin este recurso.
Las prisiones afectadas en estos momentos son las de Lanzarote y Santa Cruz de La Palma
Mientras, carecen de él dos centros en Canarias (Lanzarote y Santa Cruz de La Palma), y Castilla y León (Segovia y Soria), y un centro en Extremadura (Cáceres), Ceuta, La Rioja (Logroño), Melilla, Murcia (Murcia II), Aragón (Teruel) y Asturias (Villabona).
Este servicio de asesoramiento sobre su situación penal, penitenciaria o cuestiones de extranjería, entre otros, lo pueden solicitar los reclusos a la dirección del centro penitenciario, explica el Gobierno en su contestación.
En la respuesta también figura que son las comunidades autónomas las que deben expresar por qué no prestan este servicio.