Más de 23.000 parejas han acudido a un notario para casarse, divorciarse o separarse desde que la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entró en vigor el 23 de julio de 2015, lo permite, y sólo las bodas ante notario casi se han triplicado de un año para otro.

Estas nuevas competencias relacionadas con la vida en pareja conforman más de la mitad de los nuevos actos jurídicos celebrados por notarios durante estos dos últimos años, más de 47.000 en total, según informa el Consejo General del Notariado en un comunicado.

La bodas oficiadas por un notario son los actos que más han aumentado: entre julio de 2015 y julio de 2016 se oficiaron 2.864 y en los doce meses siguientes 7.812, es decir casi el triple.

Desde el verano de 2015 está en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que permite a los notarios celebrar matrimonios y otorgar escrituras de separaciones o divorcios, siempre que los cónyuges estén de acuerdo y no haya hijos menores a su cargo.

Casarse ante notario cuesta entre 100 y 150 euros, aunque este precio puede variar si la celebración es en día festivo o el fedatario tiene que trasladarse, aunque es el tiempo de espera el factor más importante para las parejas que deciden contraer matrimonio ante un notario.

Aun así, pese al incremento notable de las bodas, los españoles siguen recurriendo más a los notarios para separarse o divorciarse. En el primer año de aplicación de la nueva ley lo usaron 5.207 parejas y en el segundo 7.959.

La tercera nueva competencia más ejercida por los notarios y que ha aumentado un 21 % desde 2015 es la ampliación de declaración de herederos a parientes colaterales como hermanos, sobrinos o tíos de una persona fallecida que no ha dejado testamento, que hasta entonces tenían que acudir a un juzgado de Primera Instancia.

También acuden para reclamar deudas, lograr acuerdos antes de llegar a un pleito o realizar el inventario de una sucesión, demanda que se ha duplicado durante el segundo año de vigor de esta ley.

Según el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, estas novedades de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 han servido para descargar a los jueces de trabajo y "solucionar este tipo de soluciones no contenciosas porque podemos resolverlas con gran agilidad y seguridad jurídica".