Los enfermos mentales que no son tratados desde el ámbito sanitario adecuadamente acaban en la cárcel, coinciden expertos del ámbito penitenciario y de organizaciones que trabajan en la intervención social, quienes reclaman abordar a través de una estrategia este problema. El 4% de los internos en cárceles españolas sufre trastornos graves (en torno a 2.000 presos), el doble en porcentaje que entre la población en general.

"Falla el sistema sanitario en la atención de determinados enfermos mentales complejos, que no aceptan la enfermedad o que no siguen las pautas adecuadas, no se hace un seguimiento sanitario y acaban por cometer algún delito, pero con tratamiento adecuado no habría ningún problema", explica el subdirector general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo.

Las personas con trastornos mentales que no son diagnosticados o que no reciben asistencia generan en la familia y en el entorno problemas de convivencia y conflictos que en muchas ocasiones acaban con conductas delictivas. "Lo ideal hubiera sido que estas personas no hubieran llegado al juzgado, que se hubiera detectado su enfermedad y que se les hubiera dado una alternativa", insiste este experto de prisiones, pero cuando ya se han cometido esas conductas, plantea la necesidad de intentar buscar otras opciones a la prisión.

Una de ellas sería establecer que en los centros de integración social cuando el personal sanitario detecta trastorno mental en un interno se informe al juez para que pueda acordar una medida terapéutica, como ir a un centro de rehabilitación para someterse a un programa específico para mejorar su salud y equilibrio.

El responsable de prisiones intervino la semana anterior en una jornada organizada por la Red de Atención a las Adicciones UNAD dirigida al ámbito jurídico para sensibilizar sobre la importancia del tratamiento en el proceso penal.

El presidente de UNAD, Luciano Poyato, reclama mayor coordinación entre jueces, abogados y fiscales, entre otros agentes, para evitar que "las personas que tengan un buen itinerario vayan a prisión". "Hay que tener en cuenta cómo se ha cometido el delito, que hay detrás, las circunstancias de las personas que han podido intervenir, y ver medidas alternativas a la cárcel", opina Poyato, quien ha recordado la importancia de trabajar en favor de la resocialización de los internos.

Carmen Martínez, vicepresidenta de UNAD, propone fijar una conexión entre justicia y sanidad para favorecer esas resocialización. "En un juzgado de guardia, al llevar a un detenido con enfermedad mental, debe informarse desde el principio" para cruzar los datos sobre su salud y adoptar la decisión más adecuada, señala.