La comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del grupo mixto en la que se insta al Gobierno a impulsar los cambios normativos necesarios para prohibir las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad.

Reclama al Ejecutivo que garantice sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos, y que cumpla así con los compromisos que España ha adquirido en la esfera internacional para la protección de las personas con discapacidad.

La proposición no de ley presentada por Jordi Xuclá, del PDeCAT, y que ha salido adelante con 22 votos a favor y 14 abstenciones, pretende que España "cumpla" con lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insiste en acabar con esta práctica.

Con la propuesta, los diputados pretenden que se incremente la transparencia en materia de datos relativos a la esterilización de personas con discapacidad.

Y, además, que se adopten medidas para reparar en la medida de lo posible, a las personas, mayoritariamente mujeres y niñas, que hayan sido víctimas de esterilización forzosa.

Esta es una reclamación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), tal y como ha reconocido Xuclá, una entidad que ha exigido en numerosas ocasiones el fin de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad.

Esta práctica está permitida en España si así lo decide un juez y Cermi la considera "contraria" a los derechos humanos.

Para Xuclá, supone "un daño en la identidad personal, niega su derecho a la maternidad y facilita la explotación sexual, a pesar de que sus defensores alegan lo contrario".

Por lo tanto, a su juicio, la tolerancia de las legislaciones penales con la esterilización se traduce en "una mutación de los derechos de las mujeres, especialmente de los procesos de incapacitación legal".

"La excusa suele ser lograr un bien superior para las niñas pero sin embargo se traduce en una mayor vulnerabilidad para el abuso sexual y las mujeres afectadas se sienten encadenadas por vida y traicionadas a veces por su propia familia", ha comentado.

A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda del PP, que finalmente no ha aceptado el grupo proponente.

Para María del Carmen Dueñas, del PP, sería necesario volver a reformar al Código Penal y realizar un estudio sobre la cuestión para tener más datos al respecto.

Para Marcial Gómez Balsera, de Ciudadanos, esta iniciativa debería haberse impulsado de oficio por el Gobierno en cumplimiento de la Convención Internacional porque "la practica de esterilizaciones forzosas son contrarias a la misma".

"Esta cuestión no admite doctrinal, ni ático ni ideológico, es un imperativo legal de obligado cumplimiento", ha argumentado.

María García Puche, de Unidos Podemos, también ha apoyado la propuesta porque estas prácticas "son una de las más graves manifestaciones de violencia machista".

Carmen Rocío Cuello las ha calificado como una "violación de los derechos humanos" y ha subrayado que las niñas y mujeres con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones de la vida, incluidos los derechos reproductivos y a la capacidad jurídica.