El malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y su insatisfacción por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos disparó en 2017 el número de quejas al Defensor del Pueblo, que el año pasado tramitó un total de 24.976, un 51,5% más que el año anterior.

Tras entregar la Memoria 2017 de la institución en las Cortes, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, lamentó que las "actitudes imperativas y excesivamente categóricas" de las autoridades están generando ese malestar y reclamó políticas de redistribución de las rentas para superar la fractura social generada por la crisis.

"La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España", sentenció Fernández Marugán, quien explicó que los españoles transmitieron al Defensor su "insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación"

En 2017, la institución tramitó 25.776 expedientes, la mayor parte quejas (24.976, 16.485 en 2016), investigaciones de oficio (760, frente a 872) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40, 39 en 2016).

A la cabeza de las reclamaciones se sitúan las relacionadas con la tardanza y dificultades para tramitar el DNI y asuntos de Tráfico (6.008), seguidas de las relacionadas con la función pública (4.417) y con los retrasos en la administración de Justicia (3.395).

También dirigió a las administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, un incremento del 32% con respecto a 2016.

Fernández Marugán trasladó la preocupación de los españoles por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en los derechos sociales y en las prestaciones.

"En España hay una situación que es preciso corregir: la recuperación no ha llegado al bolsillo de todos, y hay una serie de colectivos que se encuentran en una situación de relativa desprotección".

Se trata de los desempleados de larga duración que han agotado la cobertura, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo y sin derecho al desempleo, jubilados y personas con discapacidad, enumeró el defensor.

"El Defensor del Pueblo ante el hecho de que servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales vengan experimentando una pérdida de calidad manifiesta que resulta de urgente necesidad la reforma del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas", señaló.

Paralelamente, el Defensor del Pueblo trasladó a la Fiscalía el caso de 19 ayuntamientos, a los que acusa de entorpecer su trabajo después de no responder a sus continuos requerimientos de información.

Asimismo, señala, también por la misma causa, la actuación de un abogado de oficio designado por el Colegio de Abogados de Guipúzcoa.