La Comisión Europea (CE) concluyó hoy que el impuesto a las bebidas azucaradas en la República de Irlanda no es ayuda de Estado y que su diseño y alcance son "consistentes" con los objetivos de salud perseguidos, como la reducción de la obesidad y otras enfermedades ligadas al edulcorante.

En febrero de este año, Dublín notificó al Ejecutivo comunitario su intención de aplicar una tasa a las bebidas azucaradas con el objetivo de obtener la "certidumbre legal" de que la iniciativa no constituía una ayuda de Estado, de acuerdo con las normas de la Unión Europea.

El impuesto se aplicará a los refrescos producidos a partir de agua o zumo que contengan azúcares añadidos con un contenido del edulcorante equivalente o superior a cinco gramos, precisó Bruselas en un comunicado.

Para la CE, corresponde a los Estados miembros decidir los objetivos de sus impuestos, pero, al mismo tiempo, subrayó que los países deben diseñar las tasas de forma "no discriminatoria".

En su análisis, el Ejecutivo comunitario indicó que los refrescos "pueden tratarse de un modo diferente a otros productos azucarados ante objetivos de salud".

La Comisión aseguró haber tomado en consideración que esas bebidas son "la principal fuente de calorías desprovista de cualquier valor nutricional y de ese modo provocan problemas de salud".

Además, los refrescos tienen particularmente probabilidades de conducir a un consumo excesivo y generan un riesgo mayor de obesidad, también comparados con otras bebidas azucaradas y alimentos sólidos, señaló la CE.

En consecuencia, Bruselas concluyó que la medida irlandesa "no distorsiona indebidamente la competencia".