El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, quedó en libertad ayer tras comparecer ante el juez que lo había puesto en busca y captura por no haber acudido a declarar a una citación anterior. Ramírez sigue imputado por fraude a la Seguridad Social. El empresario fue conducido por la mañana ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas por la Policía Nacional, que lo detuvo nada más aterrizar en la isla en un avión privado procedente de Miami (EEUU), donde llevaba un mes de viaje de negocios. Ramírez, accionista de referencia de Seguridad Integral Canaria, sociedad sobre la que versa la investigación penal por la que fue arrestado, compareció durante unos minutos ante el juez Luis Francisco Galván y la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos.

El presidente de la UD Las Palmas llegó a la Ciudad de la Justicia sobre las 10:00 horas en un coche policial y la abandonó por su propio pie a las 11:30, pero su comparecencia ante el juez fue breve. El empresario se acogió a su derecho a no declarar sobre los hechos que le atribuye la Fiscalía de Canarias, aunque sí se dirigió al magistrado instructor para pedirle disculpas por no haber acudido a su citación del pasado jueves, porque asegura que todo respondió a "un malentendido".

Ramírez manifestó a los periodistas que pensaba que no estaba obligado a comparecer ese día, porque sus abogados habían recurrido las diligencias iniciadas por ese juzgado, pero precisó que entiende que el juez haya tomado la decisión que creía que debía adoptar en vista de su ausencia.

Escuchadas esas explicaciones sobre su anterior incomparecencia y puesto que se acogía a su derecho a no declarar, el juez Galván le comunicó que sigue imputado en un delito contra la Seguridad Social, pero puede seguir en libertad, con la única obligación de comunicar a la Justicia cualquier cambio de domicilio o de número de teléfono.

En el auto que dictó Galván y que fue difundido por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, además se cita de nuevo a Ramírez para que comparezca en su juzgado el 9 de mayo para tomarle declaración sobre la querella presentada por la Fiscalía. Asimismo, el magistrado cita a declarar ese día al administrador de Seguridad Integral Canarias, Héctor de Armas, también en calidad de querellado, según el auto de Galván, que es susceptible de recurso de reforma.

La querella de la Fiscalía contra Ramírez plantea que Seguridad Integral Canaria ha podido defraudar una cantidad importante en cotizaciones a la Seguridad Social, al pagar a sus trabajadores salarios por debajo de lo estipulado en el convenio colectivo nacional del sector de la vigilancia privada.

Tras aprobarse la última reforma laboral, Seguridad Integral Canaria se descolgó de ese convenio y se dotó de un pacto laboral particular de empresa, con salarios muy inferiores a los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas convocadas por administraciones de todo el país.

Sin embargo, el Supremo acabó anulando su convenio y condenando a la empresa a pagar a su plantilla con carácter retroactivo los salarios del nacional, lo que condujo a Seguridad Integral Canaria, junto a otras circunstancias, a declararse en concurso de acreedores en diciembre pasado.

Ramírez tiene abierta otra investigación penal en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, también relacionada con la política salarial de Seguridad Integral.

En ella, la Fiscalía le acusa de un fraude millonario a la Seguridad Social, por haber pagado sistemáticamente a su plantilla de vigilantes las horas extras como si fueran dietas, que tributan menos.

"Eufóricos" tras ocho años de lucha sindical

La expresidenta del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria (SIC) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Dolores Espinosa (USO), reconoció que ella y varios vigilantes más que coincidieron en la citada compañía se sintieron "eufóricos" en la jornada de ayer al enterarse de la noticia de que Miguel Ángel Ramírez había sido detenido por orden judicial nada más llegar al aeropuerto de Gando en un vuelo privado procedente de Miami (Estados Unidos). Espinosa explicó que el arresto del empresario investigado se produce después de ocho años de lucha sindical en contra de las prácticas del mismo. En ese tiempo, las organizaciones sindicales pusieron las supuestas irregularidades ante la Inspección de Trabajo y "hemos tocado en todas las puertas". La sindicalista opina que, durante mucho tiempo, el presidente de la UD Las Palmas se creyó "una persona intocable". Según Dolores Espinosa, "ahora parece que se empiezan a ver los frutos" de las acciones sindicales. La representante sindical explica que en el año 2014 se puso una de las denuncias interpuestas contra Ramírez por fraude a la Administración de la Seguridad Social. La integrante de USO comenta que "nos pagaba las horas extra como si fueran dietas y más tarde que la nómina", por lo que ese dinero "no cotizaba". Para muchos extrabajadores de Seguridad Integral Canaria, la última etapa fue "dramática", ya que la mayoría de los empleados estuvieron sin cobrar los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017, así como enero y algunos días de febrero del presente ejercicio. Dolores Espinosa señala que, principalmente, "me gustaría que pagara los salarios que debe a sus extrabajadores". La expresidenta del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria recuerda que ella misma fue despedida por repartir panfletos en su tiempo libre. Espinosa denunció y la Justicia le dio la razón, por lo que tuvo que ser readmitida.