La comisión encargada de estudiar el posible cambio de los delitos sexuales en el Código Penal no comenzará sus trabajos hasta tener una nueva composición, de hasta 30 miembros, en la que haya un reparto "equilibrado" entre hombres y mujeres, informaron a Efe fuentes presentes en la reunión.

La sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación se reunió ayer por primera vez con 23 integrantes, 19 hombres y 4 mujeres (todas ellas citadas de forma excepcional para este caso), aunque nada más comenzar se ha producido la renuncia del exministro Javier Moscoso, quien ha alegado razones de edad.

La comisión tiene el encargo del Ministerio de Justicia de analizar la redacción del Código Penal en cuanto a los delitos contra la libertad sexual y hacer una propuesta sobre los posibles cambios. En la reunión se acordó por unanimidad solicitar al Ejecutivo que aproveche los estatutos de la comisión, que permiten que esté integrada hasta por treinta personas, para incrementar la presencia de expertas con carácter permanente. Ahora mismo hay 18 miembros fijos, tras las recientes dimisiones de Francisco Muñoz Conde y de Javier Moscoso, de modo que podrían sumarse 12 expertas, según las fuentes, si bien nuevas renuncias de hombres podrían ampliar la presencia femenina.

Las fuentes subrayaron que existe consenso en que el trabajo de la comisión no puede estar legitimado con una composición tan sesgada desde el punto de vista del género.

Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace suya la propuesta de una composición equilibrada de hombres y mujeres y, "en la línea en que venía trabajando el Ministerio con los nombramientos recientemente efectuados, va a proceder a completar la composición".

La Sección de Derecho Penal, una de las cinco que integran este órgano consultivo del Ministerio de Justicia, ya ha integrado como vocales adscritas a Avelina Alonso, Blanca Hernández y Carmen Lamarca. Finalmente, Victoria Ortega, que es vocal nata de la Comisión General de Codificación por su condición de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, ha sido incorporada también al encargo de Catalá.