El Gobierno encara 2019 con el deber de desarrollar la normativa que permita a España cumplir con la estrategia europea sobre plásticos de un solo uso, acordada en los últimos compases de 2018.

Y aunque los Estados miembros disponen de dos años para trasponer la directiva a sus legislaciones, España ya ha manifestado su compromiso de elaborar "con carácter inmediato" las leyes necesarias para cumplir con dichas obligaciones.

Porque para el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el acuerdo marca "un antes y un después" en el encuentro entre ciudadanía, ciencia y acción política para frenar el avance de la contaminación por plásticos y microplásticos en la naturaleza.

A partir de 2021, la nueva directiva europea incluye la prohibición de cubiertos, platos, pajitas, vasos y tazas de plástico, envases de poliestireno expandido para alimentos y productos hechos de plástico oxodegradable o fácilmente fragmentable, así como el compromiso de que al menos el 25 por ciento de la composición de las botellas de bebidas PET sea plástico reciclado en 2025.

Las famosas islas de plástico -especialmente la del Pacífico- o la constatación de que residuos de este material procedentes de las costas de Estados Unidos y Europa han llegado al Ártico dispararon las alarmas y pusieron a trabajar a los gobiernos de todo el mundo.

Según Naciones Unidas, cada año 8 millones de toneladas de estos residuos van a parar a los océanos, son ingeridos por la fauna marina y entran en la cadena alimentaria, pero además, de continuar esta tendencia, en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar.

Por eso, ya en 2017 la ONU lanzó una campaña mundial que se propuso eliminar por completo para el año 2020 las mayores fuentes de residuos de plástico en el mar: los microplásticos presentes en los cosméticos y los envases de usar y tirar.

En Europa, el pasado año arrancó con el compromiso de prohibir las bolsas ligeras para 2021 -salvo las hechas con material compostable-, obligar a que en 2030 la composición de los envases de plástico permita que sean reciclados o reutilizados y eliminar los microplásticos -de entre 0,1 y 5.000 micras- utilizados para modificar la textura de algunos productos, como los cosméticos.

Y en España, el Congreso ya había aprobado en 2016 por unanimidad prohibir la comercialización, importación y exportación de bolsas de plástico no biodegradable o de un solo uso en 2017, una decisión que sirvió de punto de partida al Ejecutivo para su posterior compromiso de suprimir también las bolsas ligeras de plástico no compostables.

La guerra al plástico estaba declarada, pero la respuesta del sector no se hizo esperar; así, las principales organizaciones productoras lanzaron una campaña para explicar las ventajas de este material y denunciaron que el problema de las basuras marinas estaba en una gestión inadecuada y un comportamiento poco responsable.

En mayo, el Gobierno puso fecha al fin de las bolsas de plástico gratuitas a través de un real decreto que obligaba a los consumidores a pagar a partir del 1 de julio por cada una que recibieran, incluidas las más pequeñas y ligeras, algo que ya se hacía con las de mayor tamaño.

Ese mismo mes, la Comisión Europea daba un nuevo impulso a la guerra al plástico de un solo uso, que se terminó de materializar con la firma en diciembre de un acuerdo entre todos los Estados miembros para la prohibición de artículos cotidianos de usar y tirar y la imposición de medidas más restrictivas a los productores.

Según la CE, cada año se generan 25 millones de toneladas de residuos plásticos en Europa, pero se recicla menos del 30 por ciento; alcanzar la tasa propuesta en esta directiva lleva implícito el controvertido sistema de depósito.