Penalizar a las agencias intermediarias en la gestación subrogada y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción son las principales líneas del informe interno con el que trabaja el PSOE para regular los vientres de alquiler.

Se trata de un documento elaborado por un grupo de expertos del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, según adelantó El País, en el que participa la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo.

En declaraciones a Efe, Gonzalo asegura que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y recuerda que en España "se penaliza el tráfico de personas", por lo que califica esta práctica como una forma de violencia machista y explotación reproductiva, al igual que los matrimonios forzosos o la mutilación femenina.

El informe de los expertos busca modificar el artículo 221 del Código Penal para así penalizar la firma de contratos y la intermediación e insta a la redacción de un convenio internacional amparado por la ONU que prohíba estas prácticas y las catalogue como una violencia más para las mujeres.

Como alternativa, el informe apuesta por la modificación de los trámites para la adopción, con el fin de agilizarlos y facilitarlos, al incidir en que, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, "la dignidad de las mujeres es un derecho fundamental que colisiona con el interés de los menores".