El Gobierno de Canarias ha presentado diversas quejas ante el Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo soluciones a la situación que se está generando entre los consumidores canarios que no pueden acceder al descuento en su factura de electricidad, al que tienen derecho por ley.

El caso más flagrante se produjo este mes, cuando por causa de un error informático se denegaron 26.110 solicitudes a canarios por problemas de comprobación de la documentación introducida.

"Ante esta realidad, desde la Dirección General de Consumo y Comercio se han remitido sendos escritos alertando de esta situación a la Dirección General de Política Energética del Estado y a la de Consumo del Ministerio de Sanidad", indicó el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Gonzalo Piernavieja.

La solución pasa por la simplificación del modelo de gestión del bono social, con el fin de facilitar las cargas administrativas a los interesados y por la coordinación entre los ministerios involucrados.

"Afortunadamente, esta situación no afecta a las familias en mayor situación de vulnerabilidad social, pero sí a otros perfiles de solicitantes", aclaró el viceconsejero de Políticas Sociales del Ejecutivo canario, Francisco Candil.

Según explicó Candil, "desde que entró en vigor la nueva normativa del Bono Social, Canarias advirtió del problema de gestión del proceso para acceder a este descuento en la factura de luz de las familias que lo necesitan".

"Ahora -añadió-, nos encontramos que el 90% de las reclamaciones que llegan a la Dirección General de Comercio y Consumo están motivadas por la imposibilidad del Ministerio para la Transición Ecológica de comprobar los datos de los consumidores en su aplicación informática ya que la comercializadora de referencia los introduce pero la respuesta es desfavorable",

Candil celebró ayer una reunión en la que departió junto al Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, además del viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Gonzalo Piernavieja, con el fin de analizar la situación y estudiar las posibles medidas de mediación.

El Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha decidido incrementar en dos millones de euros más la financiación de las plazas de salud mental en el sector de la discapacidad y en uno adicional el coste del transporte de los usuarios de centros de día. Estas cantidades se suman al incremento ya previsto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, por lo que finalmente se destinarán diez millones de euros a actualizar el precio plaza/día y seis a cubrir el servicio de transporte. En los presupuestos 2019 se contemplaba un aumento en la inversión de ocho millones de euros en dependencia, cuatro para el área de mayores y otros para el sector de la discapacidad, con el fin de acercar cada vez más el precio al coste real de las plazas. Según la consejera, Cristina Valido, "el incremento no había sido suficiente, por lo que hemos apostado en estos presupuestos por quintuplicar el importe del incremento del precio plaza día, pasando de dos a diez millones de euros".