La Asociación Opositores y Profesores de Canarias (Opcan) denunció ayer que "el Defensor del Pueblo de España se ha dirigido por escrito a nosotros para comunicarnos que, por segunda vez, han tenido que recordar a la Administración educativa canaria su deber inexcusable de colaboración con la institución", que, incluso, "puede supervisar la actividad de las Administraciones Públicas, además de investigar cualquier actuación presuntamente irregular".
Desde el colectivo informan de que, ante la inminente y necesaria reforma del Decreto 74/2010 que regula las listas de empleo en Canarias, han solicitado "audiencia con representantes de la Consejería de Educación, y el propio Rafael Yanes, Diputado del Común de Canarias, ha tratado de reunir a la parte afectada con la Administración". Para ello las convocó la semana pasada "pero la Consejería de Educación decidió unilateralmente cancelar dicha reunión a poco menos de 24 horas de que se celebrara", apuntan en Opcan.
Ante estas circunstancias, "el colectivo de afectados -que tenía previsto aportar información sobre la gestión de listas de empleo en Canarias y un estudio de legislación comparada realizado por una comisión de trabajo de veinte profesores- ha decidido convocar a la Asamblea General, así como a sus abogados para encauzar próximas actuaciones tanto por vía administrativa como judicial".