La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto con la Confederación Española de Policía (CEP), reclama que los empleados públicos de la Administración General del Estado tengan un complemento de residencia por trabajar en el Archipiélago igual al que perciben sus compañeros en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Así lo planteó ayer la portavoz en Santa Cruz de Tenerife de dicha organización, Ana Gutiérrez, quien considera que la actual situación no es lógica, en la medida en que Canarias es la única comunidad del país considerada como región ultraperiférica.

Gutiérrez recordó que, por ejemplo, los funcionarios de las categorías C1 y C2 perciben por vivir y trabajar en las islas unos 117,93 euros al mes.

Sin embargo, los empleados públicos de tales niveles en Ceuta y Melilla ingresan por el mismo concepto 545,78 euros.

La portavoz provincial del CSIF manifestó que el déficit de personal de la Administración General del Estado en el Archipiélago y, concretamente en las islas occidentales, es muy importante y la equiparación en el "plus de residencia" con las ciudades autónomas se convertiría en un incentivo para corregir la actual realidad.

Gutiérrez estimó que la referida medida permitiría impulsar que más ciudadanos residentes en Canarias accedan a las oposiciones para obtener plaza de funcionario del Estado en las islas, pero también que personas naturales de la Península o Baleares estén interesadas en desarrollar su actividad profesional en el Archipiélago.

Según esta portavoz sindical, con las actuales remuneraciones, muchos empleados públicos de la Administración General del Estado solicitan el traslado a sus lugares de origen desde que tienen oportunidad, lo que genera una escasa estabilidad en las plantillas de diferentes organismos.

En opinión de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el "sobrecoste" de su demanda debe ser asumido por el Gobierno canario.

La reivindicación ha sido planteada ya a representantes de Podemos, Partido Popular y el PSOE. Y está pendiente un encuentro con José Miguel Barragán, el secretario general de CC y consejero de Presidencia, para exponer dicha petición. No obstante, Gutiérrez reconoció que la convocatoria de elecciones altera este proceso.

El CSIF explicó también que no ha firmado el convenio único de la Administración General del Estado puesto que, entre otras, el reparto del fondo adicional únicamente beneficia a unos pocos funcionarios, unos 50.000 de 170.000.

También criticó que el Gobierno del Estado ha perdido la oportunidad histórica de crear una carrera profesional para los citados empleados públicos.