Sucesos

Condenado a un año de prisión por intentar vender un local sin permiso

Los hechos tuvieron lugar en 1998 en relación a la compraventa de un salón en la calle El Puerto de la localidad sureña de Los Cristianos, en el municipio de Arona.

EL DÍA, S/C de Tenerife
25/jul/02 9:42 AM
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doLa Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un hombre como autor responsable de un delito de estafa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de las costas procesales, así como a que abone la cantidad de 30.588,86 euros como indemnización de perjuicios.

Tal y como se recoge en la sentencia del caso, el día 18 de junio de 1998, "el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, en su calidad de gestor inmobiliario similando ser el representante de una señora, supuesta propietaria de un local en Los Cristianos (Arona), concertó la compraventa de un salón, entregándole el comprador a cuenta de la adquisición la cantidad de 30.050,61 euros".

Se añade que días después "se descubriría que ni el acusado ostentaba poder alguno de la referida señora - que desconocía el ardid - , habiendo aquél redactado una nota de encargo en exclusiva de gestión y venta del local, así como un poder de representación de aquélla a su favor, documentos ambos que no correspondían a la realidad y que el inculpado utilizó para embaucar al comprador. Como quiera que este último recriminó al acusado su actuar, el falso vendedor se comprometió a devolverle el dinero recibido, para lo cual libró un cheque nominativo que no pudo hacerse efectivo por la falta de fondos, generando además unos gastos de 508,25 euros".

La acusación particular calificó los hechos procesales como constitutivos de dos delitos de falsedad en documento mercantil y un delito de estafa y pidió que se impusiera al acusado las penas de dos años de prisión y multa de doce meses por cada delito de falsedad documental y cuatro años de prisión y multa de ocho meses por el delito de estafa y al pago de una indemnización de 30.558,26 euros.

La defensa del acusado solicitó su libre absolución.