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Los jueces y fiscales se oponen a la nueva reforma de la Ley del Menor

El vocal del Consejo General del Poder Judicial afirmó, tras las I Jornadas de Jueces de Menores en Madrid, que la falta de medios ha llevado a que se opine que es una mala ley cuando no es así. El portavoz pide más medios.
EFE, Madrid
13/nov/03 10:23 AM
Edición impresa

Jueces y fiscales de menores se oponen a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores promovida por el Gobierno, CiU y CC y solicitan al Ejecutivo central y a las comunidades autónomas que aporten los medios materiales y personales suficientes para aplicar las medidas.

Estas son dos de las conclusiones aprobadas ayer por unanimidad en la última sesión de las I Jornadas de Jueces de Menores celebradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid y a las que han acudido más de ochenta jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y técnicos de las comunidades autónomas, según informó el vocal del CGPJ Félix Pantoja.

Pantoja compareció ante los medios de comunicación al término de las jornadas para transmitir las conclusiones aprobadas, en las que se defiende la eficacia de la norma y se subraya que "no deben realizarse modificaciones legales que acentúen los aspectos retributivos y vindicativos de la Ley, por desvirtuar gravemente sus principios y por ser innecesarios para una adecuada respuesta sancionadora".

El vocal del CGPJ expuso su rechazo a la reforma de la ley del menor, aprobada recientemente en el marco de la modificación del Código Penal, que permitirá a los familiares de las víctimas personarse como acusación particular en los procesos.

Una venganza encubierta

A su juicio, esa medida "supone introducir el elemento de la venganza en el procedimiento de menores", y "choca" contra el espíritu de la ley y de las normas internacionales que la inspiran.

Así, recordó que las medidas de privación de libertad deben tener su razón de ser "en la resocialización del menor", mientras que la acusación particular busca, "legítimamente, el mayor castigo posible". También rechazó la posibilidad de que se incrementen las penas a los menores autores de delitos graves y argumentó que el problema no es la duración sino "cómo se va a trabajar con esos chicos". Recordó que en el caso de los menores "la ley propicia un tratamiento dirigido a la reinserción social distinto a la cárcel", que es lo que, según dijo, "se puede echar a perder" si se decide que los menores pasen a centros penitenciarios ordinarios para terminar de cumplir sus condenas cuando cumplan los 18 años. Pantoja consideró que es "una pena" que reforme "una buena ley", con modificaciones "un tanto irreflexivas, al calor de la emoción de unos hechos concretos y del dolor de la víctima" y pidió que se legisle "con mayor sensibilidad, con tranquilidad" y escuchando a los profesionales que trabajan en esta materia. Respecto a la falta de medios, las conclusiones de las jornadas subrayan que hasta ahora esas carencias, "además de frustrar los objetivos legales, ha podido confundir a la ciudadanía sobre una falsa ineficacia de la ley".

Pantoja hizo hincapié en que esta ley "no tiene sentido" si no se aportan los medios necesarios para aplicar las medidas y opinó que ha habido "una mala actuación".

Jueces y fiscales de menores se oponen a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores promovida por el Gobierno, CiU y CC y solicitan al Ejecutivo central y a las comunidades autónomas que aporten los medios materiales y personales suficientes para aplicar las medidas.

Estas son dos de las conclusiones aprobadas ayer por unanimidad en la última sesión de las I Jornadas de Jueces de Menores celebradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid y a las que han acudido más de ochenta jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y técnicos de las comunidades autónomas, según informó el vocal del CGPJ Félix Pantoja.

Pantoja compareció ante los medios de comunicación al término de las jornadas para transmitir las conclusiones aprobadas, en las que se defiende la eficacia de la norma y se subraya que "no deben realizarse modificaciones legales que acentúen los aspectos retributivos y vindicativos de la Ley, por desvirtuar gravemente sus principios y por ser innecesarios para una adecuada respuesta sancionadora".

El vocal del CGPJ expuso su rechazo a la reforma de la ley del menor, aprobada recientemente en el marco de la modificación del Código Penal, que permitirá a los familiares de las víctimas personarse como acusación particular en los procesos.

A su juicio, esa medida "supone introducir el elemento de la venganza en el procedimiento de menores", y "choca" contra el espíritu de la ley y de las normas internacionales que la inspiran.

Así, recordó que las medidas de privación de libertad deben tener su razón de ser "en la resocialización del menor", mientras que la acusación particular busca, "legítimamente, el mayor castigo posible". También rechazó la posibilidad de que se incrementen las penas a los menores autores de delitos graves y argumentó que el problema no es la duración sino "cómo se va a trabajar con esos chicos". Recordó que en el caso de los menores "la ley propicia un tratamiento dirigido a la reinserción social distinto a la cárcel", que es lo que, según dijo, "se puede echar a perder" si se decide que los menores pasen a centros penitenciarios ordinarios para terminar de cumplir sus condenas cuando cumplan los 18 años. Pantoja consideró que es "una pena" que reforme "una buena ley", con modificaciones "un tanto irreflexivas, al calor de la emoción de unos hechos concretos y del dolor de la víctima" y pidió que se legisle "con mayor sensibilidad, con tranquilidad" y escuchando a los profesionales que trabajan en esta materia. Respecto a la falta de medios, las conclusiones de las jornadas subrayan que hasta ahora esas carencias, "además de frustrar los objetivos legales, ha podido confundir a la ciudadanía sobre una falsa ineficacia de la ley".

Pantoja hizo hincapié en que esta ley "no tiene sentido" si no se aportan los medios necesarios para aplicar las medidas y opinó que ha habido "una mala actuación".