Candelaria, una de las hermanas de Emilia Esperanza Fernández Rodríguez, respaldada por la inmensa mayoría de los presentes en la manifestación contra el asesinato de la joven y la violencia de género, se expresó ayer de esta manera: "Quiero que la Justicia sea más dura con todos estos criminales". Candelaria, conocida por "Laly" entre familiares y vecinos, aseguró ante las autoridades que asistieron al acto que fue testigo de que su hermana "pidió mucha, mucha ayuda; y lo denunció bastantes veces". Sin embargo, criticó que los responsables de su protección "no hicieron todo lo que pudieron por ella; si lo hubieran hecho, no estaría donde está".

Una portavoz de la asociación local de mujeres intervino durante la tarde de ayer en la concentración en el Mercado Municipal de Tacoronte para asegurar que sólo existen "protocolos", pero los ciudadanos continúan desprotegidos.

El alcalde, Hermógenes Pérez, insistió en la importancia de reflexionar sobre la oportunidad de cambiar la legislación para que los sistemas de seguridad mejoren en este ámbito.

La muerte violenta de Emilia Esperanza Fernández Rodríguez en Tacoronte el pasado miércoles ha reabierto el debate acerca de la eficacia de las medidas de protección sobre las mujeres víctimas de violencia machista y los medios existentes para aplicarlas. Y junto a ese debate político y social inevitable se halla el dolor de una familia que sigue convencida de que la joven estaría viva si el tan repetido "protocolo de actuación" hubiese funcionado. Dicha realidad se apreció ayer en la concentración y manifestación celebrada en el casco histórico tacorontero para rechazear la muerte de Emilia y reclamar soluciones válidas para contrarrestar el aumento de crímenes. Y también las demandas se dirigen hacia la Administración de la Justicia.

Como recogió EL DÍA en su edición de ayer, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, reconoció en unas declaraciones que los sistemas de protección que controlaban a la mujer asesinada en Tenerife "fallaron", algo que los "poderes públicos" no se pueden permitir. La ministra sostuvo que el Gobierno debe mejorar los "sistemas de protección", aunque su equipo ya trabaja en la "adjudicación definitiva" de los dispositivos de detección de proximidad para que se pongan a disposición de las mujeres maltratadas o bajo amenazas.

Mientras, fuentes autorizadas de la Subdelegación del Gobierno de España niegan que Emilia Esperanza sufriera la supuesta desprotección de la que hablan vecinos y familiares de la víctima, a la vez que rechazan que fallara el servicio de seguimiento y escolta. De hecho, dichas fuentes aseguran que un agente de la Guardia Civil llamó a la joven tacorontera durante la mañana del día de su muerte para interesarse por su situación.

Además, a mediodía de esa trágica jornada, personal del servicio de teleasistencia para personas maltratadas del Cabildo de Tenerife también se puso en contacto con la víctima para conocer cómo evolucionaba su grave problema. La Subdelegación del Gobierno asegura que, lamentablemente, no hay suficientes guardias civiles y policías nacionales para proteger a cada una de las víctimas consideradas de alto riesgo durante las 24 horas. Y ese planteamiento es repetido por fuentes de la Guardia Civil.

Pero lo cierto es que, al final, el autor de las puñaladas, José Manuel Rodríguez Duque, alias "El Chamo", tuvo el camino abierto para acabar con la vida de Emilia.

Según otra de las fuentes consultadas en la Guardia Civil, una de las agentes de paisano encargada de la protección directa de la joven está profundamente afectada y sufrió una crisis de ansiedad tras conocer la brutal muerte de Tacoronte. De hecho, la noche del suceso no pudo dormir, pues se sentía muy identificada con el problema.

El hermano de la fallecida, Francisco Fernández, mantuvo ayer un encuentro con agentes del Instituto Armado en el que solicitó información sobre el caso de su hermana. Además, como portavoz de la familia, insistió en que presentará una denuncia contra el cuerpo de seguridad por la supuesta desprotección. Además, se pregunta por qué la autoridad judicial dejó al agresor en libertad después del juicio que se celebró las pasadas Navidades, cuando se decretó la orden de alejamiento, que fue incumplida dos meses más tarde, y donde José Manuel aseguró que no iba a quedarse tranquilo hasta matarla. Y así lo hizo.