Cinco agentes de la Policía Nacional acusados de torturar a la colaboradora de ETA Maite Orue Bengoa han negado en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid haberle sometido a un trato vejatorio y maltrato durante la detención que practicaron el 27 de julio de 2005 y los interrogatorios posteriores.

Los agentes Susana G.I.; Saturio G.S., Miguel C.V., Francisco C.R. y Gerardo G.N. se enfrentan a 9 años de prisión por un delito de torturas y otro de lesiones, una pena que solicita el abogado que defiende a Orue Bengoa.

La Fiscalía de Madrid no ejerce acusación al estimar que no hay pruebas que acrediten que exista delito. El juicio proseguirá el próximo 9 de diciembre.

Orue Bengoa se ausentó de la vista oral con motivo de una crisis de ansiedad sufrida en los últimos días. Su defensa ha aportado al tribunal un informe médico fechado ayer, lo que ha provocado que la abogada del Estado impugnase el mismo por haberse hecho precisamente un día antes a la celebración del juicio.

El primero en declarar ha sido Miguel C.V., quien intervino en la detención de la supuesta víctima, en el registro de su domicilio y en los interrogatorios. El acusado ha relatado que la colaboradora de ETA no ofreció resistencia en su detención y que estuvo asistida por un abogado de oficio en las dos tomas de declaración que se le practicaron.

"¿Le propinó usted fuertes golpes en la cabeza con la mano abierta?", ha preguntado la fiscal, a lo que el policía ha contestado que "en absoluto", añadiendo que en su presencia "nadie lo hizo". Además, ha negado que él y sus compañeros estuvieran encapuchados y con la cabeza cubierta para golpear a la colaboradora etarra.

De igual modo, el resto de los procesados han negado haber sometido a la detenida a vejaciones, humillaciones o maltrato. Además, han asegurado que era falso el que estuvieran encapuchados durante los interrogatorios.

Por otro lado, el abogado de oficio que entonces asistió a Orue Bengoa ha asegurado que le llamó la atención que ésta decidiera declarar después de haberse negado por la mañana. En el interrogatorio, ésta le comentó que había sufrido vejaciones sexuales, coacciones y amenazas. "Yo no vi nada. Me llamó la atención que cambiara de opinión", ha recalcado el letrado, quien decidió no denunciar los hechos al no darles credibilidad.

INSTRUCCIONES DE LA BANDA

En la sesión, ha comparecido un comisario de policía experto en lucha antiterrorista. A preguntas de la fiscal, ha comentado que en un operativo desarrollado en Francia en 2008 se incautó un documento suscrito por la Dirección de la banda terrorista en la que se daba orden a los militantes de denunciar falsas torturas como estrategia para desprestigiar al Estado.

Además, ha especificado que se intervino una carta al ex jefe del aparato militar de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu, alias ''Txeroki'', en la que celebraba el éxito de las denuncias de tortura interpuestas por el miembro de ETA Igor Portu.

Asimismo, uno de los responsables de gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad ha manifestado que los etarras presentan multitud de denuncias falsas con diversas finalidades, como ralentizar los procedimientos procesales, poner en tela de juicio la Audiencia Nacional o justificar sus reconocimientos de integrar la banda terrorista.

RELATO DEL FISCAL

El fiscal relata que los agentes detuvieron el 27 de julio de 2005 a Maite Orue al existir indicios de colaboración con la banda terrorista ETA, trasladando a la misma a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Bilbao.

Tras ello, se la sometió a un reconocimiento médico en la clínica médico forense del referido lugar, no apreciándose nada anómalo y teniendo una exploración neurológica normal.

Ese día, fue trasladada al Complejo Policial de Canillas, donde se la sometió a un nuevo reconocimiento médico por el facultativo del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Según el fiscal, éste no apreció "ningún tipo de violencia física o psicológica que se hubiera podido ejercer sobre la misma".

Asimismo, el 28 de julio se le examinó de nuevo, sin apreciarse en el examen físico señal alguna de violencia. El 29 de julio, la supuesta colaboradora de ETA fue trasladada a la sala de interrogatorios, donde se acogió a su derecho a no declarar y siendo examinada de nuevo.

Así, los acusados Francisco C.R. y Gerardo G.N. "se limitaron a comunicar a Maite el contenido de la resolución del Juzgado Central número 5 que ratificaba la continuación de la incomunicación previamente acordada".

La mujer quedó en libertad el 30 de julio y se le imputó por colaboración tras prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. Tras el juicio, se le impuso una pena de un año y seis meses de cárcel tras conformar con el Ministerio Fiscal.