Las compañías que supuestamente cometían estafas entre dueños de propiedades de "time-sharing" (tiempo compartido) desde el Sur de Tenerife y que fueron intervenidas por investigadores del Cuerpo Nacional de Policía ascienden a una decena en total.
A esas diez sociedades estaban vinculadas las 25 personas detenidas durante el martes y el miércoles de la pasada semana por agentes de la Brigada Central de Policía Judicial, así como por funcionarios destinados en la Comisaría de la Policía Nacional de Playa de las Américas.
Tal y como adelantó EL DÍA en su edición del pasado martes, la mayoría de los arrestados son de nacionalidad alemana, aunque también figuran acusados ciudadanos naturales de otros países.
Hasta ahora se desconoce la cifra total de personas que han sido víctimas de este tipo de estafas por parte de las compañías, ni la cantidad aproximada del dinero que ha podido ser supuestamente defraudado en el transcurso del último año por parte de los apresados.
En cualquier caso, una fuente empresarial del subsector de los complejos del "time-sharing" manifestó que la mayoría de los afectados son propietarios germanos.
Según trascendió en la jornada de ayer, los gestores y empleados de las citadas empresas intervenidas utilizaban nombres de notarios reales españoles para tratar de encubrir los supuestos fraudes.
Sin embargo, el "truco" utilizado por esas sociedades consistía en colocar el nombre del profesional real y honrado, junto al de un supuesto socio. Así, si el notario se llama, por poner un ejemplo inventado, Domingo Rodríguez, los presuntos estafadores colocaban en los documentos que transmitían a las víctimas la firma "Domingo Rodríguez & Smith", por citar otro nombre inventado.
Y, curiosamente, en las cuentas bancarias abiertas en sucursales de Tenerife por los responsables de las sociedades estafadoras, el titular era el "socio" del profesional real.
Al parecer, esa forma de operar ha sido detectada en otros lugares de España, donde los colegios oficiales de Notarios han denunciado a ese tipo de supuestos estafadores.
Supuestamente, los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía desplazados desde la Península y sus compañeros de la Comisaría del Sur llevaron a cabo un total de seis registros en otros tantos inmuebles.
Al parecer, en esas intervenciones efectuadas con la orden de la autoridad judicial competente, los agentes hallaron una importante cantidad de datos personales de supuestas víctimas.
Como publicó EL DÍA el pasado martes, las sociedades intervenidas supuestamente se dedican a ponerse en contacto con numerosos propietarios de bienes inmobiliarios de tiempo compartido para decirles que han conseguido la reventa de su semana de vacaciones por una determinada cantidad de dinero y le reclaman 3.000, 4.000 o 5.000 euros en gastos de administración.
Cuando el afectado ingresa en una cuenta bancaria dicha cifra de dinero, empieza darse cuenta que el supuesto comprador no existe y que ha podido sufrir una presunta estafa.
Para acceder a los listados de los potenciales afectados, las empresas implicadas en esta actividad irregular se valen de piratas informáticos ("hackers") o empleados desleales.
Generalmente, las sociedades intervenidas abren las cuentas bancarias con pasaportes falsificados. Además, se trata de empresas de corta vida, apenas cinco o seis meses, puesto que los líderes de las organizaciones cierran y abren nuevas sociedades con otros nombres. La operación policial se llevó a cabo en varios municipios del Sur de la isla.