Investigadores del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron recientemente a diez personas como supuestas autoras de varios delitos de falsificación documental y fraude por más de un millón de euros a diversas compañías financieras en Tenerife.
El servicio fue realizado por agentes del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial y permitió desmantelar una organización delictiva.
La "operación Vito" comenzó a llevarse a cabo desde comienzos del presente año con el objetivo de identificar, localizar y arrestar a un grupo de presuntos estafadores que se dedicaban a adquirir vehículos mediante documentación falsa.
Gracias a dichas acciones ilícitas, los implicados consiguieron poner a la venta más de un centenar de automóviles.
Los componentes de dicha organización de estafadores estaban divididos según su actividad y función.
Los funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) consiguieron identificar al cabecilla de la banda, V.M.R.A., de 31 años.
Este individuo estaba dedicado a obtener documentación falsa, principalmente nóminas, e impartir las instrucciones al resto del grupo.
En el denominado "nivel 1", bajo el líder, actuaban los jóvenes G.T.S., de 24 años; J.S.F., de 26, así como I.A.I., de 22 años.
Tales miembros estaban encargados de captar a los demás integrantes de la organización, acudir a los concesionarios de coches y gestionar la compra de los vehículos.
Finalmente, en el "nivel 2" se hallaban más de 40 personas, la mayoría de los cuales son indigentes, toxicómanos y personas con escasos recursos económicos y casi en situación de exclusión social.
En el proceso final de las estafas, estos últimos implicados contraían la deuda con la entidad financiera.
El sistema consistía en el que el "cerebro" de la banda preparaba cuidadosamente la documentación necesaria para la adquisición de automóviles.
Después, quedaba con sus colaboradores en diferentes lugares para impartirles las órdenes oportunas.
Posteriormente, la gestión se concentraba en acudir a los diferentes comedores sociales para captar a indigentes que acudían a tales recursos.
Decenas de personas en riesgo de exclusión social aceptaban darle su documentación personal y firmar cuantos documentos les fueran presentados a cambio de pequeñas entregas de dinero, alcohol y alimentos.
El grueso de la estafa se basaba en la compra supuestamente fraudulenta de coches, pues eran los productos de mayor valor. No obstante, por el mismo procedimiento se adquirían teléfonos, electrodomésticos, productos electrónicos y muebles; así como se hacían con tarjetas de crédito.
Una vez que la organización se hacía con los vehículos, lo fundamental para los cabecillas era venderlos de forma rápida, mediante anuncios de compra-venta en internet. Si no se conseguía tal operación, realizaban numerosos traspasos entre los componentes del nivel 2 de los indigentes para eludir el posible Registro de Reserva de Dominio. De esa manera, los automóviles quedaban en manos de terceras personas que lo habían adquirido de buena fe y las entidades financieras reclamaban la deuda al indigente, que carecía de ingresos y bienes para hacer frente a la misma.
Durante el último año, el grupo había perfeccionado su metodología, ya que, incluso, habían creado empresas ficticias y llegaron a dar de alta en la Seguridad Social a numerosos trabajadores.
Tras la instrucción de las diligencias oportunas en la Comisaría de Tres de Mayo, los diez arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el cabecilla y su esposa.