El caso Alakrana queda visto para sentencia. En la última sesión del juicio, Kepa Etxebarría, armador de la embarcación secuestrada el 2 de octubre de 2009, afirmó que no le consta que nadie efectuase rescate alguno a cambio de la liberación. Eso sí, los piratas pedían 10 millones de dólares y un negociador que se presentó como miembro de "los misteriosos" llegó a hablar de dinero con ellos. Jesús Alonso, fiscal de la Audiencia Nacional, duplica su petición de pena para Cabdullahi Cabduwily, ''Abdu Willy'', y Raageggesey Hassan Aji. Los presuntos secuestradores se enfrentan a 438 años de prisión, en lugar de a los 220 que el Ministerio Público pedía en principio.

Kepa Etxebarría estaba de vacaciones en Tanzania, preparándose para ascender al Kilimanjaro. Se enteró entonces de que el Alakrana había sido secuestrado frente a la costa de Somalia... "Suspendo mis vacaciones, empiezo a recibir llamadas de la consejera de Agricultura y Pesca, dándome ánimo". Cambió su periodo de descanso por unos billetes con destino a Nairobi. Permaneció casi una semana en un hotel de la capital de Kenia.

Durante esos días, recibió la llamada de un negociador de los piratas. ''Jama'', que así se hacía llamar, le comunicó, en un inglés "bastante malo", que, "para solucionar el problema", era necesario cumplir con dos condiciones: el desembolso de 10 millones de dólares y la liberación de los dos somalíes que la fragata ''Canarias'' había capturado.

Se trataba de Cabdullahi Cabduwily, ''Abdu Willy'', y Raageggesey Hassan Aji, hoy sentados en el banquillo de los acusados. La Fiscalía asegura que son "miembros activos" del grupo pirata. El Ministerio Público prueba su acusación con las armas que se incautaron en el esquife en el que viajaban, incluida una navaja de Albacete que provenía del atunero vasco, entre otras pruebas.

"Le dije que era imposible que volvieran sus compatriotas, este tema no podía ser digno de negociación", sostuvo Etxebarría este lunes, ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. Cuando se puso en contacto con ''Jama'', le dijo que no podía influir en una liberación que correspondía a la Justicia española. En cuanto a los 10 millones de dólares, dijo que no los pagaría "porque podía tener un problema legal (...) podría acabar en la cárcel".

El mediador de los piratas "se mosqueó bastante" ante la negativa. "Yo poco podía hacer porque estaba en un callejón sin salida, iba a volverme a España y empecé a gestionar los billetes de vuelta", explicó. Antes de partir hacia España, el armador recibió una llamada de un anónimo que le pidió que permaneciera unos días más en África.

En ese tiempo se hospedaba ya en la embajada de Kenia, que el propio embajador puso a su disposición. Fue entonces cuando apareció en juego Pepe. A mediados de octubre, apareció en su alojamiento y se presentó como la persona que "iba a llevar la negociación" de la libertad. "Le pregunté: ''¿Quién eres?, porque Pepe me suena un poco a ficción'' (...) Me dijo: ''Kepa, no hagas preguntas, yo soy Pepe y soy de los misteriosos''".

"Dejar la negociación en manos de un tal ''Pepe de los misteriosos'', parecía de cómic", afirmó Etxebarría en la última jornada del juicio por el secuestro del atunero. A partir de ese momento, el amador y el ''misterioso'' sólo hablaron de temas vanales, "del fútbol, del tiempo y de las amapolas". No obstante, el armador se cercioró de que el intermediario "sabía lo que tenía en las manos". De hecho, fue capaz de marcar unas pautas de comportamiento entre los piratas.

Etxebarría mantiene que no pagó "nada" por la liberación del atunero y tampoco le consta que nadie lo hiciese. Sin embargo, según su versión, Pepe habló de dinero con los piratas. En un primer momento, les ofreció más de 300.000 dólares. No obstante, el armador no presenció las gestiones cuando se hablaba de "3 ó 4 millones escasos".

El testigo explicó en la Audiencia Nacional que llegó a preguntar al ''misterioso'' si pertenecía al Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI). Pepe lo negó, "aunque leía muchos libros del CNI". En cuanto al embajador, se mantuvo al margen de las negociaciones hasta que los asaltantes hicieron el simulacro de fusilamiento. A partir de ese momento, "tuvo un papel más activo" y recibió a altos cargos del Gobierno somalí.

La defensa de los presuntos piratas preguntó a Kepa Etxebarría si era consciente del peligro de faenar en las aguas del océano en el que se encontraban. "El Índico es medio mundo", contestó el armador. Ángela Murillo, presidenta del tribunal, rompió una lanza en su favor en ese momento: "El hecho de que haya muchos piratas en esta zona, significa que habrá muchos delincuentes, pero estos señores no tienen la culpa".

Etxebarría se enteró de que la embarcación era libre a través de la propia tripulación. Hoy, el atunero secuestrado frente a la costa de Somalia lleva seguridad privada.

FISCALÍA: "NO SON UNOS POBRES MARINEROS"

La defensa presenta una versión que la Fiscalía considera "absolutamente increíble e irreal": que ''Abdu Willy'' y Raageggesey Hassan Aji eran pescadores secuestrados. "No son unos pobres marineros secuestrados por unos malvadísimos piratas, son parte de ese grupo", afirmó Jesús Alonso. Los acusados se despidieron cordialmente del resto de tripulantes y no había artes de pesca en el esquife en el que viajaban, además del asunto de la navaja albaceteña.

El fiscal recordó que los procesados provienen de un Estado fallido donde "la ausencia de leyes" hace perder el "aprecio por la vida". Para ellos, la vida de las personas no tiene más valor que "la carga de atún", "la mercancía" o "el barco". Basándose en ello, defendió que no sólo las víctimas necesitan a la justicia, también los secuestradores.

"No son personas que pasaban por ahí y se han visto envueltas en un tumulto del que no formaban parte, tienen que ser responsables de lo que han hecho". Desde su punto de vista, han que ser conscientes de "todo el mal, el dolor y el daño" causado a los 36 marineros, siempre con el amparo de la ley: "Queremos que la ley les otorgue la dignidad que ellos mismos se han quitado".

Su estancia en prisión ha de servirles para reflexionar sobre "todo el daño que han hecho, los insultos, malos tratos y robos", cuyas secuelas permanecen en los marineros, más allá de los 47 días del secuestro. "Es algo terrible".

Por todo ello, Alonso decidió doblar la pena. En su informe definitivo de conclusiones, solicita 438 años, en lugar de los 220 iniciales. Les imputa los delitos de asociación ilícita, robo con violencia y uso de armas y detención ilegal. Este último se agrava porque el cautiverio sobrepasó los 15 días de duración y los captores exigieron condiciones para la puesta en libertad. Lo establece el artículo 164 del Código Penal (CP).

Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares mantuvieron que la jurisdicción española puede juzgar este caso. En concreto, los letrados dos de los marineros expusieron que los captores componían "una organización perfectamente estructurada, permanente y armada" que chantajeaba para lograr el pago del rescate.

Los abogados de otros dos tripulantes solicitaron que se imputase un delito de asociación ilícita por integración en banda armada. También hicieron hincapié en que los secuestradores "castigaron a la comunidad internacional" con su acción e hicieron uso de una "enorme crueldad" contra la tripulación.