La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ''Romeo'', desarrollada durante los últimos meses, ha desarticulado una red dedicada a la regularización de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España por medio de parejas de hecho virtuales, habiéndose saldado con la detención, hasta el momento, de 30 personas.

Las investigaciones dieron comienzo al detectarse un elevado número de registros de parejas de hecho que levantaban sospecha en algunos ayuntamientos, según informaron fuentes de la Guardia Civil en un comunicado.

La Benemérita explica que ha sido de gran importancia la colaboración del Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Oficina Única de Extranjería, que mostraron hace meses su inquietud ante el aumento exponencial de las solicitudes de registro como pareja de hecho y de tramitación de la Tarjeta de Residencia de familiar comunitario.

Se estima que el número de falsas parejas de hecho registradas por esta organización durante los últimos meses es superior a 100, según el Instituto Armado, que puntualiza que, tras una sentencia del Tribunal Supremo que asimila los derechos y deberes de la Pareja de Hecho a los del Matrimonio "se abrió una puerta a la falsa regularización de extranjeros, omitiendo además los problemas patrimoniales y legales que supone el matrimonio civil".

''MODUS OPERANDI''

La Guardia Civil explica que el grupo criminal contaba con facilitadores que encontraban inmigrantes con necesidad de regularizar su situación. Posteriormente, a través de una inmobiliaria, obtenían toda la documentación necesaria para empadronarlos en una ''casa patera'' con algún ciudadano español.

Una vez captados el cliente extranjero y el ciudadano español, el grupo delictivo concertaba citas, normalmente en los ayuntamientos en los que se formalizarían las parejas de hecho, para realizar los empadronamientos.

Después de transcurrido el plazo que la administración local establece como necesario para registrarse como pareja de hecho, entre 6 y 30 días desde el empadronamiento, el grupo desplazaba al ciudadano español y al inmigrante, junto a dos testigos para materializar la unión de hecho.

Alcanzado el objetivo, y entregado el dinero por los inmigrantes, los responsables del grupo delictivo repartían sus partes correspondientes a testigos y al dueño de inmobiliaria, entre otros participantes.

Desde la consecución de los objetivos del grupo criminal en el inicio, la Guardia Civil dice que "se experimentó un efecto llamada que llevó a algunos extranjeros a convencer a familiares que se encontraban en sus países de origen para que viniesen hasta la Región de Murcia para obtener tarjeta de residencia".

La organización estaba perfectamente estructurada y jerarquizada, contando con un máximo responsable encargado de captar clientes y establecer los contactos entre todas las partes. A su cargo estaban dos ciudadanos de origen dominicano que tramitaban la documentación, transportaban a los clientes y estaban pendientes de los diferentes trámites administrativos.

Importante papel jugaba el dueño de una inmobiliaria, de nacionalidad española, que se encargaba de buscar los pisos patera en connivencia con sus dueños, según el Instituto Armado.

A raíz de los continuos viajes de algunos de los responsables de la organización a Sudamérica y Suiza, la unidad investigadora ha abierto una nueva vía en la operación para esclarecer un posible delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha detenido a un total de 30 personas hasta el momento, de nacionalidad española, marroquí y de varios países de Sudamérica, estando previstas nuevas detenciones en los próximos días.

Entre los detenidos se encuentran empresarios, dueños de propiedades utilizadas como ''pisos patera'', el dueño de la inmobiliaria, los facilitadores, testigos, y los ciudadanos comunitarios que aceptaban hacerse pareja de hecho.

Entre los efectos intervenidos se encuentran numerosos documentos que demuestran la implicación de los detenidos en la trama.

Con esta operación policial la Guardia Civil de la Región de Murcia ha conseguido frenar un intento de regularización masiva y fraudulenta de extranjeros, aprovechando la laguna existente en la asimilación de derechos y deberes entre unión de hecho y matrimonio civil.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier.