El caso de la muerte violenta de la discapacitada María Isabel Hernández ("Marisa") en septiembre de 2003 tiene un nuevo capítulo en el ámbito judicial. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado un recurso interpuesto por la acusación particular, integrada por la familia de la víctima, para que se investiguen en profundidad diversas pruebas.

Esos informes periciales se refieren concretamente a la obtención de muestras biológicas de una supuesta testigo de la muerte de Marisa para cotejarlas con las halladas en el escenario de la muerte y en el cuerpo de la víctima; un estudio actualizado de muestras de pelos hallados en el lugar del crimen por parte del Instituto Toxicológico y de Ciencias Forenses de Canarias, así como un análisis del tráfico de llamadas entre un sospechoso y una supuesta testigo en los días en que ocurrió el trágico suceso por parte de los investigadores de la Guardia Civil.

En junio del presente año, el Juzgado de Instrucción Número Uno de La Orotava dictó un auto en el que se acordaba el sobreseimiento provisional del caso.

Según una de las fuentes de la acusación particular, en dicha resolución se consideraba que la inexistencia de un informe del Instituto Toxicológico no permitía esclarecer el asunto o aportar nuevos datos de interés.

El abogado de la familia y doctor en Derecho Penal, Andrés Martín Cruz, se opuso a tal medida el pasado 6 de julio.

El criminólogo Félix Ríos recuerda que la testigo mencionada ofreció una versión de las circunstancias en que murió Marisa que coincidieron con los resultados definitivos de la autopsia, que fueron difundidos meses después del testimonio de dicha mujer.

En una de las entrevistas realizadas por los investigadores del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil a la citada testigo, esta aseguró que la joven discapacitada falleció por "sofocación", que es el término técnico para designar aquella muerte donde el autor asfixia a la víctima tapándole la boca.

Además, la supuesta testigo también mencionó en una declaración cómo había sido agredida sexualmente la fallecida.

Y, en ambos aspectos, la declaración de la mujer y los resultados de la autopsia coincidieron. Sin embargo, cabe recordar que, en otras declaraciones, la supuesta testigo no se ratificó en tales manifestaciones.

Además, desde la acusación particular del proceso se anuncia que, a partir de enero, está prevista una pegada de carteles, con el objetivo de que aquellas personas que lo consideren oportuno puedan aportar testimonios, de forma anónima, que puedan contribuir a esclarecer este caso ocho años después de que conmocionara a la sociedad canaria.

En enero de 2004, la Guardia Civil procedió a la detención de un joven como supuesto autor de la muerte de María Isabel Hernández, que tenía entonces 36 años. El individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Número Uno de La Orotava, que decretó su puesta en libertad, por la falta de pruebas que lo vincularan con el trágico suceso.