El abogado Evaristo González Reyes ingresó ayer en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden del titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de La Laguna, César Romero Pamparacuatro. Mientras tanto, los otros 13 detenidos en la operación Corredor han quedado en libertad provisional con cargos y deberán presentarse los días uno y 15 de cada mes para firmar en dicho órgano judicial.

Las 14 personas detenidas han sido imputadas por integrar una "organización criminal para la ejecución o realización de delitos contra el patrimonio, falsedad documental, derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social".

Además, el citado magistrado mantiene el secreto de sumario sobre las actuaciones, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha interesado por este caso. De hecho, en la declaración de los imputados, incluido Evaristo González Reyes, estuvo presente la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez, así como otro fiscal, Jaime Serrano-Jover.

El conocido letrado lagunero González Reyes, que fue defendido por su compañero José Santiago Martínez, declaró en las dependencias judiciales hasta las 1:30 horas de la madrugada de ayer. En dicha declaración, Pamparacuatro le preguntó a González Reyes por, al menos, dos deudas a la Hacienda y la Seguridad Social que suman unos 252.000 euros, según el abogado defensor.

Santiago Martínez aseguró ayer que aún no ha tenido acceso a las actuaciones, pues existe secreto de sumario. Sin embargo, explicó que, ante las preguntas realizadas a su cliente, "se deduce que se le imputan presuntas deudas con la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social de empresas a las que el señor González representa y asesora como letrado, no siendo de su propiedad, tales sociedades mercantiles". Esas empresas explotan bares, pubs, discotecas, tascas y otros establecimientos de hostelería muy conocidos en La Laguna. Según el letrado Martínez, en dos empresas se supera por "muy poco" la cantidad que delimita la existencia o no de delito por impago a la Seguridad Social, que está cifrada en 120.000 euros. En una de ellas fue por 122.000 y en otra por 130.000 euros. La defensa de González Reyes estima que en dichas cantidades están incluidos los recargos, intereses y demoras, que deben ser descontados, según la jurisprudencia existente; "cosa que entendemos que no se ha hecho".

Además, según Santiago Martínez, en la declaración perdió fuerza una acusación por supuesta estafa en la que está relacionada una clienta de Evaristo González y donde este actuó como letrado.

El abogado defensor de González Reyes afirmó: "El principio de presunción de inocencia de mi cliente ha sido vulnerado y se ha llegado a hablar de delitos de los que no está acusado, incluso en algunos medios de comunicación". José Santiago Martínez desmiente que Evaristo González Reyes haya recibido un tratamiento privilegiado o prevenido sobre expedientes sancionadores de determinados locales cuya propiedad se atribuye al famoso abogado.

caso corredor

Hasta la madrugada

Los primeros registros y detenciones de la operación Corredor empezaron, tras una investigación policial, en la mañana del pasado lunes. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife entraban en la primera planta del número 28 de la plaza de La Milagrosa, en La Laguna. En dicho inmueble, los policías requisaron documentos y ordenadores, además de detener a Evaristo González, a su colega T.L.G.M. y a una secretaria. Otros arrestados fueron un empleado de González Reyes, un asesor laboral y diversos empresarios hosteleros y de ocio nocturno. Todos, excepto el primero, quedaron en libertad provisional a la espera de juicio.

Respecto al ingreso en Tenerife II del letrado González Reyes, su abogado defensor aseguró ayer que, "después de toda la operación policial, con la consiguiente alarma social, el hecho de que el resto de detenidos salieran en libertad y ninguno de ellos fuera a prisión podría desprestigiar tanto la actuación policial como la del magistrado".

Santiago Martínez negó que su cliente esté relacionado con los registros realizados a finales del pasado mes de noviembre en varias dependencias del Ayuntamiento de La Laguna, como la Gerencia de Urbanismo, la sede de la empresa pública Muvisa y la Jefatura de la Policía Local. Recuerda que, como ejemplo de que las empresas representadas por González Reyes no tienen un trato privilegiado por los cuerpos de seguridad, la discoteca El Palco, en la avenida de La Trinidad, estuvo cerrada al público unos tres años, mientras que el establecimiento Kapitel también tuvo cerradas sus puertas durante, al menos, un año y medio por exceder el horario de cierre o incumplir la normativa de ruidos.