El asunto de las supuestas vejaciones y humillaciones a mujeres de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife por parte de un exsubinspector entre los años 2002 y 2006 incluyó episodios denigrantes para las denunciantes. En el escrito de acusación de la Fiscalía se afirma que el citado mando, que ya está jubilado, "se dirigía despectivamente" a una de las funcionarias, "tirándole el trabajo por ella realizado, pegando puñetazos en la mesa con comentarios tales como no te enteras, porque vienes de follar con el nota". El fiscal solicita 20 años de prisión y 54.000 euros de indemnización para el citado exsubinspector, T.E.P.R., y para el exjefe del cuerpo A.A.B., por no adoptar medidas correctoras sobre el caso.

Según dicho documento del Ministerio Fiscal, otro de los comentarios incluidos en la denuncia fue, por ejemplo, "¿no tienes dinero para ir a una peluquería?, píntate".

Supuestamente, dicho exmando continuaba en esta actitud aún cuando se le solicitaba que dejara de utilizar tales términos.

En el escrito de acusación presentado por Fiscalía se indica que, "de igual manera, en numerosas e incontables ocasiones se dirigía a gritos" a otra de las agentes "cada vez que descolgaba el teléfono para hablar con su hermana y recriminándola por las llamadas que realizaba, a sabiendas" de que dicho familiar padecía "un cáncer terminal".

Conocimiento

Al menos desde el pasado jueves, varios de los actuales responsables de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tienen conocimiento de la petición 20 años de prisión y los cerca de 54.000 euros de indemnización que será planteada por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife en el juicio que está previsto que se desarrolle en la Audiencia Provincial el martes y miércoles de la próxima semana.

Sin embargo, dos de las fuentes consultadas por EL DÍA declinaron hacer manifestaciones sobre este asunto.

En el escrito del Ministerio Fiscal se solicita que los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a cada una de las perjudicadas con 5.000 euros por los daños morales, así como en los gastos médicos y farmacéuticos que se acrediten a consecuencia de estos hechos. Para una de las denunciantes, el fiscal también pide 27.550 euros por los días que fueron necesarios para su recuperación; 6.400 euros para otra de las víctimas por el mismo concepto; así como la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los días que tardó en curar de sus lesiones una tercera afectada.

Supuestamente, una de las denunciantes renunció a cualquier indemnización económica que pudiera corresponderle por tales hechos, a pesar de que sufrió "lesiones de carácter psíquico consistentes en la existencia de un cuadro reactivo crónico-paranoide de tipo ansioso relacionado con aspectos de su vida laboral" y que requirió tratamiento farmacológico.

A tenor del citado documento judicial, el citado exsubinspector (sargento) profirió continuos insultos, vejaciones, amenazas, descalificaciones y humillaciones públicas, tanto en presencia de sus propios compañeros como ante particulares que acudían a las dependencias. Las denunciantes fueron destinadas al departamento de Archivo a partir de mayo de 2006, según la información que ha trascendido hasta ahora en las jornadas previas al juicio.